Dos veterinarios están siendo investigados en el norte de Chile por, presuntamente, haber administrado vacunas para perros a al menos un centenar de personas con el objetivo de combatir la COVID-19. Los polémicos hechos habrían ocurrido en abril de 2020 en la ciudad de Calama, en la desértica Región de Antofagasta, cuando las vacunas contra coronavirus todavía no estaban autorizadas en ningún país.

La secretaria Regional Ministerial de Salud en la zona, Rossana Díaz, explicó que uno de los profesionales cuestionados habría difundido un estudio falso sobre la efectividad de la vacuna óctuple en seres humanos y promovido dicho tratamiento. Generalmente, este fármaco es recetado para prevenir distemper, parvovirus o parainflueza, entre otras patologías. El estudio, llamado “Inmunización cruzada con vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus COVID-19”, afirma que la aplicación de la vacuna canina en humanos arrojó resultados exitosos en Argentina, según recoge el sumario de la Secretaría de Salud (Seremi).

Ahora, las autoridades judiciales investigan a los imputados por no cumplir con la norma sanitaria y ejercer de forma ilegal la profesión de médico cirujano, aunque la funcionaria reconoció que de momento solo se ha podido confirmar que uno de los veterinarios inoculó efectivamente la vacuna canina. “Los antecedentes de ambos profesionales han sido enviados a la fiscalía de Calama porque también puede haber sanciones penales para estas acciones”, añadió.

Por su parte, el Colegio Médico Veterinario de Chile señaló en un comunicado público que tomaría acciones penales debido a la gravedad de las denuncias: “Rechazamos cualquier actividad realizada por médicos veterinarios que atenten contra la salud de las personas”. Asimismo, ha realizado un llamamiento a la población para que se guie solo por información oficial y no se deje engañar por “iniciativas que pueden causar graves daños en la salud y que no han sido aprobadas con base científica y por la autoridad sanitaria competente”.

Estos son los dos imputados

Funcionarios de la Seremi fiscalizaron en septiembre pasado a una clínica veterinaria de Calama donde los trabajadores atendían sin mascarillas porque aseguraban que ya habían sido vacunados contra la COVID-19 por la veterinaria María Fernanda Muñoz, quien primero se inoculó ella misma la vacuna óctuple, informa Associated Press, para después administrarla a su familia y otras personas.

“Esto es muy peligroso. Hay estudios que dicen que los efectos en personas pueden ser locales, como irritación por los medicamentos que trae, o efectos sistémicos”, explicó Díaz al canal de noticias 24 horas. “Si es tan mala la vacuna a mí no me hizo nada. ¿Por qué no viene el Seremi de Salud y prueba si mi sangre tiene anticuerpos?”, respondió desafiante Muñoz en el mismo medio.

El otro caso corresponde al veterinario Carlos Pardo, quien habría hecho un estudio en seres humanos con la vacuna para perros y entregó dosis a un número indeterminado de personas para que se la inyectaran, asegurando que servía para combatir el COVID-19.

Situación crítica en los hospitales chilenos

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, más de 1,14 millones de personas en Chile han contraído la COVID-19 y 25.353 han fallecido, a los que habría que añadir cerca de 8.000 casos sospechosos que no cuentan con la confirmación de una PCR. Respecto a la vacunación, Chile es uno de los países con mayor porcentaje de población vacunada, ya que casi 8 millones de personas que ya han recibido al menos una dosis. Aun así, la red hospitalaria chilena pasa por momentos críticos y se acerca a su máxima capacidad.