El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicó la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones y la jubilación en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del pasado 12 de abril. La idea principal de la reforma es retrasar la edad de jubilación e igualar la edad real a la edad legal.

Actualmente la edad mínima está en 64,6 años, y se quiere pasar a los 65 o 66. Entre los 65 y 66 años se encuentra la edad de jubilación legal en España, según recoge la Seguridad Social. Si has cotizado 37 años y tres meses como mínimo durante tu vida laboral, la edad sería 65 y si es por debajo se iría hasta los 66.

Así, lo que quiere el Gobierno es que la edad real, que en 2020 se situaba en 64 años y seis meses, se acerque a la legal. Esto no significa un cambio en la edad de jubilación legal, pero sí que contribuye a desincentivar las prejubilaciones.

El incentivo de 12.000 euros que se pretende implantar

Según Escrivá, la reforma busca la “mejora de los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación”. Hay tres tipos, aunque uno es el primordial. Se podría incrementar un 4% la pensión por cada año de demora, pagar hasta 12.000 euros al año por cada año de retraso de la jubilación, o bien combinar los dos.

Concretamente, estos incentivos oscilarían entre los 4.786 y los 12.060 euros dependiendo de las bases de cotización y los años trabajados. No obstante, esta medida no es efectiva para la mayoría de la gente, ya que por un pequeño complemento mensual el trabajador tendría que trabajar un año más y la empresa dejar que lo haga. En cambio, para las arcas públicas es beneficioso porque se ahorra un año entero prácticamente de pensión.

El incentivo actual es el del aumento de la pensión entre un 2% y un 4% por cada año de retraso. Además, hay penalizaciones para evitar la jubilación anticipada, que está permitida hasta 2 años antes de la edad legal.

Nuevo diseño de las penalizaciones

En cuanto a las penalizaciones, es otro de los objetivos de Escrivá cambiar este sistema. En concreto, afectará a aquellos que quieran jubilarse de manera anticipada a una edad más temprana o pegada a la edad de jubilación legal y a aquellas personas que accedan a pensiones más altas.

Para empezar, los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria serán mensuales y no trimestrales como ahora. Los recortes oscilarán entre un máximo del 21% para los que accedan a la jubilación 24 meses antes de la edad legal, es decir, a los 64 años con carácter general, y un mínimo del 2,81% para los que lo hagan un mes antes.

Actualmente los porcentajes son entre el 16% y el 1,6%. Además, varían en función de los años cotizados y se quiere aplicar sobre la pensión final y no sobre la base reguladora. Por tanto, perjudicará más a las rentas más altas y se irá implantando progresivamente en los próximos seis años.