Uno de los grandes desafíos que tiene España en esta década es acometer la reforma del sistema de pensiones. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá lleva trabajando desde el comienzo de la legislatura en este proyecto para el que se plantean diferentes medidas que pueden entrar en vigor a finales de este 2021 junto al ajuste de las pensiones con el IPC.

En la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, el ministro ha anunciado algunas de las propuestas que su equipo baraja con el fin de que los españoles se jubilen más tarde de manera voluntaria, ya sea tanto a través de bonificaciones a estos, como de penalizaciones a los que lo hagan de manera anticipada.

‘Cheque’ de hasta 12.000 euros por cada año sin jubilación

Una de las medidas estrella sería, según ha anunciado Escrivá, dar un cheque de dinero por cada año que el trabajador retrase su jubilación de manera voluntaria. El objetivo sería retrasar la edad media de jubilación, que actualmente se encuentra en 64,4 años para acercarla al tramo de entre 65 y 67 años.

El cálculo de este dinero se haría en función de la cantidad y los años cotizados, por lo que el mínimo sería de 4.786 euros en alguien con pensión mínima y los 12.060 euros en una persona beneficiaria de la pensión máxima. Es una medida que, como las restantes, se está discutiendo con la patronal y los sindicatos.

Incremento del 4% de la pensión

En la misma línea, el ministro ha planteado la posibilidad de incrementar en un 4% la cuantía de la pensión a las personas que tomen esta decisión. Actualmente, la ley marca que se puede incrementar entre un 2 y un 4 por ciento, sin embargo, es una medida que la mayoría de los trabajadores no utilizan. Escrivá ha señalado que el ministerio no decidirá sí o sí entre esta medida y la anterior, sino que podrá ser una combinación de ambas.

Penalizar la jubilación anticipada

El ministerio de Seguridad Social también plantea reformar un modelo de jubilación anticipada que considera “regresivo” ya que beneficia a aquellos que tienen pensiones más altas debido a que la penalización se aplica sobre la base reguladora que, en estos casos, suele ser mayor que la propia pensión.

Por ello, la norma plantea utilizar los coeficientes de reducción sobre la propia pensión y no sobre la base reguladora. La reforma en este sentido no sería de golpe, sino que habría un período transitorio de seis años.

Además, también se plantea convertir el modelo trimestral que se utiliza actualmente para calcular la reducción anticipada en un modelo mensual y castigar especialmente el primer y el segundo mes del primer año legal en el que el trabajador puede jubilarse voluntariamente bajo ciertas condiciones.

Apostar por una verdadera jubilación parcial

Actualmente, la ley permite que un trabajador concentre todo su trabajo en el primero de los cuatro años en los que se puede pedir esta jubilación parcial. La idea es establecer es que esa persona solo pueda trabajar en ese primer año el 60% y tenga que seguir trabajando los años siguientes para alcanzar el 40% restante.

Poner límites a las cláusulas de jubilación forzosa

Los trabajadores que tengan derecho a recibir el 100% de su pensión y así se establezca en su convenio colectivo pueden ser despedidos por sus empresas cuando cumplan la edad legal de jubilación. A falta de consenso para prohibir estas cláusulas, la propuesta de Escrivá es retrasarlas hasta que los trabajadores tengan 68 años.