El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha modificado su actitud inicial respecto a que las farmacias puedan realizar test de antígenos, como solicitan la Comunidad de Madrid y Cataluña, y finalmente estudiará esta opción. No obstante, Illa ha indicado que los gobiernos de las regiones deberán presentar un plan “detallado” para poder poner esta medida en práctica.

Así se lo ha explicado el ministro de Sanidad a las comunidades en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles. "El Ministerio reconoce la buenísima labor que realizan las oficinas de farmacias, las cuales son claves en el sistema sanitario y, sin negarnos a que aumenten su participación clave, he pedido a las comunidades que quieran utilizarlas para realizar test Covid-19 que nos hagan llegar un plan en el que expliquen qué quien hacer y cómo lo quieren hacer", explicó Illa.

Información detallada

El plan deberá incluir aspectos relativos al personal, medios, equipos de protección individual, registros e instalaciones en las oficinas de farmacia para que puedan realizar adecuadamente los test de detección del coronavirus, según detalla Europa Press.

Además, las comunidades autónomas deberán explicar "por qué necesitan incorporar la red de farmacias" a los trabajos de detección del virus, relatar cuáles son los “objetivos” de esta labor y especificar durante cuánto tiempo estará en vigor la medida. También deberán aclarar la manera en la que se comunicarán a Sanidad los positivos.

Especificar los tipos de test

En su comparecencia, Salvador Illa ha destacado la importancia de que las comunidades comuniquen los tipos de test que pretenden que se realicen en las farmacias, y las medidas de seguridad que van a implantar. "Se trata de detalles que son importantes conocer", señaló el ministro de Sanidad. 

La Comunidad de Madrid ha insistido en las últimas fechas en la conveniencia de poner en marcha esta medida debido a que considera que sería clave para luchar contra la pandemia, una idea que también apoya el Govern de Cataluña. El Gobierno finalmente estudiará esta posibilidad, aunque ha advertido que se trata de un debate técnico en el que hay reservas de tipo jurídico y de colectivos profesionales.