La segunda ola de la COVID-19 crece en España y ante el miedo de los desplazamientos para el puente de Todos los Santos, algunas Comunidades Autónomas han decidido decretar el cierre perimetral de sus fronteras para evitar la expansión del coronavirus que empeoraría la situación del país.

Este jueves, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado el cierre perimetral de Cataluña durante, al menos, los próximos 15 días, y entrará en vigor a partir del viernes 30 de octubre. Además, también ha informado de un cierre perimetral de todos los municipios durante los fines de semana para evitar nuevos contagios. Esta medida se establecería desde las 06:00 horas del viernes hasta las 06:00 horas del lunes.

Aragonès ha informado de esta medida extraordinaria en una rueda de prensa telemática junto a la consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó; la consejera de Salud, Alba Vergés; y el consejero de Interior, Miquel Sàmper.

Otras medidas

En la reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán para aprobar nuevas restricciones en la Comunidad, también se ha decretado el cierre de centros comerciales, la reducción del aforo en el resto de establecimientos comerciales y la prohibición de la asistencia de público en actividades culturales, de ocio infantil y juvenil, deportes escolares y actividades extraescolares. El cierre de bares y restaurantes, anunciado hace dos semanas, sigue vigente.

Cierre perimetral en otras comunidades

Cataluña no ha sido la única región en tomar esta medida y solo Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Canarias no han decretado, por el momento, esta restricción para evitar los máximos contagios posibles.

En el caso de Galicia, Baleares y Canarias, las autoridades sanitarias correspondientes ni si quiera se plantean esta medida. En la Comunidad Valenciana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el miércoles: "Si fuera necesario se cerrará la región antes del puente de Todos los Santos”.

Algo similar ocurre en Extremadura, donde el Gobierno regional prevé que tendrá que tomar decisiones que afecten a una gran parte de la población extremeña.