Actualmente, hay en el mundo alrededor de 200 vacunas experimentales contra la COVID-19, de las cuales, 36 se están probando ya en decenas de millones de voluntarios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España hay una decena de proyectos para desarrollar vacunas contra el coronavirus, entre los que destaca el liderado por Mariano Esteban Juan García y Arriaza, en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, donde ya han iniciado los ensayos preclínicos con animales de un candidato a vacuna basado en una modificación de la que se usó contra la viruela.

En esta carrera entre laboratorios, muchos países ha recurrido al ciberespionaje para conseguir el fármaco antes que nadie, tal y como alertó este jueves la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban: “La pugna por obtener la vacuna contra el virus y lo que implica respecto a su comercialización es un sobrado aliciente para que organizaciones y no estatales hayan emprendido una campaña de ataques virulentos, no solo en España, contra laboratorios que trabajan en la búsqueda de una vacuna”.

Según recoge El País, la mayoría de estos ataques procede de China y de Rusia, especialmente de entidades estatales. No obstante, también hay universidades y organizaciones criminales que comercializan con la información sustraída. El pasado mes de julio, un tribunal federal de Spokane, en el estado de Washington, acusó a dos ciudadanos chinos, Li Xiaoyu y Dong Jiazhi, por investigar “vulnerabilidades en las redes informáticas de las empresas que desarrollan vacunas COVID-19, tecnología de prueba y tratamientos” para la enfermedad. Los hackers, que llevaban más de una década pirateando en diversas organizaciones y empresas, trabajaban en su propio beneficio, pero también colaboraban con el Ministerio de la Seguridad del Estado chino.

En cuanto al ataque que sufrió España, se reveló que procedía de China, aunque se desconoce la importancia de la información robada. Además, seis de los grupos españoles que trabajan en prototipos de vacunas negaron haber sufrido hurto en una reunión convocada en verano por los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para advertirles de que tomaran precauciones frente a posibles robos de datos.

Desinformación, otra consecuencia de los ciberataques

Durante el seminario organizado por la Asociación de Periodistas Europeos (APE), Paz Esteban reconoció también, en términos generales, que sus servicios habían detectado un incremento “cualitativo” de los ciberataques durante los últimos meses, así como un crecimiento “cuantitativo” de su gravedad. Además, señaló el teletrabajo como una de las principales causas debido a que aumenta la exposición de los sistemas y sus vulnerabilidades, “facilitando la entrada de atacantes más agresivos y la entrada de nuevos criminales”.

El aumento de los casos viene motivado también por el anonimato que ofrece el ciberespacio, que hace que los delincuentes “prácticamente nunca” sufran las consecuencias de sus actos y el único peligro al que se exponen sea el de fracasar en sus propósitos. “El ciberespacio permite operar con un alto grado de impunidad”, reconoció.

Entre las consecuencias de estos ataques, además del ciberespionaje, destacan las campañas de desinformación que se están llevando a cabo con el objetivo de provocar una “distorsión deliberada de la realidad para influir en la opinión pública en beneficio de los intereses del promotor”. Normalmente, estas llegan de naciones extranjeras, que lo hacen para “desestabilizar y menoscabar la credibilidad de las instituciones, dañar la imagen del país o imponer relatos sesgados”, ha apuntado la directora de la inteligencia española.

En estas campañas de desinformación, según ha reconocido, los estados democráticos como España son más vulnerables porque no censuran los contenidos que circulan por las redes sociales ni controlan los medios de comunicación, además de que no cuentan con medios de propaganda que lancen esas campañas contra terceros.