Un grupo de sanitarios de la Comunidad de Madrid se encuentran preocupados por la situación alarmante en la capital de España, y es que el número de casos de coronavirus está subiendo 'como la espuma' en las últimas semanas. Por ello, hasta 460 profesionales de la Sanidad han tomado la decisión de elaborar un decálogo de medidas de contención del virus para que el Gobierno pueda adoptarlas y tratar de paliar así la situación.

En dicho decálogo, señalan la urgencia de esta toma de medidas: "Es URGENTE que el Gobierno y el parlamento regionales adopten estas medidas que doten de manera adecuada y suficiente al sistema sanitario para evitar nuevas muertes y sufrimiento". A lo que añaden también que: "Es URGENTE actuar por imperativo sanitario, y también porque es preciso recuperar el dinamismo social y la actividad económica de los que dependen el bienestar de las personas y de la sociedad".

Las diez medidas contra la COVID-19

1. Lo primero que solicitan los profesionales es la apertura de todos los centros de salud y de los consultorios locales, además de un refuerzo de sus plantillas para tener los medios suficientes como para atender a todos los casos sospechosos de coronavirus y el resto de problemas. Ello supondría la necesidad de un 20% más de profesionales sanitarios para la Atención Primaria, líneas telefónicas y administrativos.
2. Es necesaria también la contratación de nuevos rastreadores para poder llevar a cabo la detección de contactos. Se requieren un total de 30 por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, entre 1.700 y 2.000 contratos nuevos, que deberán integrarse en las plantillas de la Salud Pública para dar una respuesta rápida, permitir una mayor movilización y ser más funcionales y estables.
3. Solicitan el establecimiento de zonas básicas como unas unidades de coordinación de las actividades de Atención Primaria, Salud Pública o Servicios Sociales, para hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles.
4. Requieren de un refuerzo de, como mínimo, 40 técnicos de Salud Pública para ayudar en los servicios centrales y en las unidades técnicas de Salud Pública. Fuera de la situación de pandemia, se dedicarán a la vigilancia de enfermedades crónicas o a la promoción de salud.
5. Piden la suficiente capacidad posible para poder analizar pruebas PCR en los laboratorios del SERMAS para la detección de los casos entre los que tienen síntomas y los contactos estrechos, así como los cribados que se están realizando en poblaciones epsecíficas y en ámbitos geográficos localizados.
6. Quieren garantías para que los casos positivos puedan aislarse y los contactos guarden cuarentena sin sufrir daños en su economía: piden apoyo social y económico y que se habiliten espacios para alojar a aquellos que no tengan un lugar donde poder guardar la cuarentena o aislarse.
7. Un plan de preparación de los hospitales, llevar a cabo la apertura de todas las camas cerradas, circuitos separados para la COVID-19 y el resto, y un refuerzo de personal, así como el uso eficiente de los recursos disponibles.
8. Un plan de contingencia continuado en todas las residencias de personas mayores para garantizar su seguridad, su salud y su bienestar.
9. Garantía de la seguridad de todos los trabajadores (sanitarios, personal de centros sociales y otros esenciales, de trabajos más precarios o temporeros).
10. Un plan de actuación para los establecimientos docentes para poder garantizar que las actividades presenciales puedan realizarse sin la posibilidad de contagiarse.

Estas medidas supondrían un gasto de alrededor de 400 millones de euros, que podrían costear con los cerca de 2.250 millones que ha recibido o recibirá la Comunidad de Madrid por el fondo extraordinario aprobado por el Congreso.

A ellas, en el decálogo se añaden otras dos solicitudes: la primera es la constitución de un comité científico COVID-19 asesor para la Comunidad de Madrid, con profesionales independientes y con experiencia y conocimiento de la enfermedad para evaluar la situación y desarrolle las medidas anteriormente señaladas. La segunda es el establecimiento de unos indicadores públicos y transparentes, que se actualicen diariamente, y que sirvan a modo de orientación de las medidas a seguir para contener el coronavirus.