Jair Bolsonaro continúa rodeado de polémica. Este domingo, una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales, la mayoría profesionales de la salud, han denunciado al presidente de Brasil ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por ignorar las pautas que debería seguir para luchar contra la pandemia de la COVID-19. De esta manera, liderados por la Red Sindical UniSaúde, piden que el mandatario sea condenado por genocidio.

Ignoró las pautas del Ministerio de Salud

Así, más de un millón de profesionales de la salud estuvieron representados por un documento de 64 páginas que señala las “fallas graves y mortales” en la respuesta brasileña a la crisis de salud. Los sanitarios argumentan que el presidente no siguió en ningún momento las recomendaciones de su propio Ministerio de Sanidad, como el uso obligatorio mascarillas en lugares cerrados, comercio y actos religiosos.

En contraposición a esto, provocó varias veces aglomeraciones y apareció sin mascarilla, además de menospreciar su uso, llegando a decir que son “cosa de maricas”. También hizo declaraciones que minimizaban la gravedad del virus, sobre el que comentó que tenía “poco agarre”. "Esta actitud de desprecio, negligencia, negativismo, trajo consecuencias desastrosas, con el consiguiente aumento de la difusión, el estrangulamiento total de los servicios de salud, que se encontró sin las condiciones mínimas para proporcionar asistencia a las poblaciones, como resultado de esto, muertes sin más controles", detalla el documento.

Para los sindicatos, estas acciones del presidente Bolsonaro "exponen la vida de una población a un alto riesgo de salud y muerte". En este momento, el país acumula más de 86.000 muertes y casi 2.4 millones de contagiados por coronavirus. Además, consideran que los actos son intencionados: "Hay intención en la postura del presidente cuando adopta medidas que perjudican los derechos humanos y desprotegen a la población, poniéndolos en riesgo a gran escala, especialmente los grupos étnicos vulnerables".

Las entidades también se apoyan en la declaración que realizó el ministro de la Corte Federal Suprema, Gilmar Mendes, relacionando el “genocidio” con la pandemia en Brasil: “Esto es malo para la imagen de las Fuerzas Armadas. Debemos decir esto muy claramente: el Ejército se está asociando con este genocidio, no es razonable. Tenemos que poner fin a esto”.

Uso de cloroquina

La insistencia de Bolsonaro en defender el uso de la cloroquina para tratar la COVID-19 también fue recogida en el documento de denuncia. El mandatario fue de los pocos que recomendó este medicamento. Llegó a compartir un vídeo casi publicitario apoyando su uso cuando se encontraba contagiado y confesó usar hidroxicloroquina. "Seguro me está dando buenos resultados. Yo confío en la hidroxicloroquina, ¿y tú?", expresó.

La cloroquina ha sido empleada durante décadas para tratar la malaria y el lupus, sin embargo, no hay pruebas científicas que comprueben su eficacia ante el coronavirus.

Política de exclusión

La denuncia también incluye que el presidente llegó a vetar la obligación que tenía el gobierno federal de garantizar agua potable a los pueblos indígenas y quilombolas durante la pandemia. De esta forma, el documento critica que el líder defiende una política de exclusión que dejar a las minorías fuera de cualquier política pública.

El presidente ya ha sido acusado tres veces anteriormente en los tribunales desde que comenzó su mandato en 2019. Una vez presentadas, las quejas son examinadas por el abogado de la CPI, quien verifica si están dentro de la jurisdicción de la Corte y si están respaldadas por hechos que justifiquen la apertura de una investigación.