La organización Humans Rights Watch (HRW) publicó este miércoles un informe para denunciar abusos contra la población civil de grupos armados ilegales que están aprovechando la pandemia para imponer estados de terror en, al menos, once regiones de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

“En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación de la COVID-19”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en una rueda de prensa virtual.

Estos grupos armados a los que se hace referencia incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a diversas disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estas últimas derivadas de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares, que tuvo lugar a mediados de la década del 2000.

Medidas de coacción

Los canales más utilizados por los grupos para divulgar sus normas y violentos castigos son panfletos informativos o mensajes de WhatsApp. También organizan reuniones presenciales. A través de estos medios imponen toques de queda, cuarentenas y restricciones a la circulación, detallando de manera explícita los días y horarios en los que permiten la apertura de tiendas y el funcionamiento de servicios. A pesar de que el gobierno establezca otras medidas menos drásticas, los grupos armados obligan a los ciudadanos a cumplir las suyas.

De no hacerlo, son amenazados, atacados, e incluso asesinados. “La población, de acuerdo con los testimonios que hemos recogido tanto de Fiscalía, de Policía, de líderes sociales como de funcionarios de organizaciones humanitarias y testimonios directos de familiares de las víctimas y testigos, están viviendo una situación de terror” reveló Vivanco.

"Se suspende toda actividad comercial y pública (…) y persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente será objetivo militar", puede leerse en un panfleto firmado y distribuido por el Frente Oliver Sinisterra. Una amenaza aún más violenta y directa lanza la columna móvil Jaime Martínez, en un panfleto, asegurando que los que no cumplan las normas "serán sometido a nuestra ley y pagará con su vida". "Ya saben, o cumplen o se mueren", insiste el texto. Así instauran el miedo entre la población.

Una de las víctimas mortales de estos grupos fue el líder comunitario de Putumayo, Edison León Pérez, asesinado después de que escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección lo acompañaran hasta su domicilio. Según un fiscal que investigó su homicidio, lo mataron integrantes de La Mafia porque días atrás había mandado una carta a las autoridades locales denunciando al grupo por obligar a los habitantes a trabajar en puestos de control sanitario durante 24 horas sin ningún tipo de protección. En estas zonas se interroga a la gente con síntomas y muchas veces se les niega el paso a los contagiados.

Intereses propios

José Miguel Vivanco afirmó que estos grupos armados aprovechan la pandemia para intimidar a los ciudadanos con tres objetivos: reafirmar su control, ganar algún tipo de reconocimiento y proteger a sus miembros del coronavirus.

La COVID-19 es un pretexto para consolidar su control social sobre las regiones más vulnerables y, a su vez, esperan que las comunidades los vean como grupos que se preocupan por la salud general, y no solo como una mafia cruel.

Además, temen un brote entre las organizaciones criminales porque saben que un contagio grave requiere tratamientos que no existen en muchas zonas del país, lo que puede suponer “una merma grave al interior de las tropas”, detalla Vivanco: “Hay una preocupación por parte de estos grupos que tiene que ver con su propia supervivencia y para evitar un brote de coronavirus imponen estas reglas donde quien paga es la población civil”.

Abandonados por el Estado

“Este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, critica Vivanco.

Porque el informe de HRW también denuncia que las medidas impuestas por los grupos armados han “menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza”. Un acceso que ya se había visto limitado por el aislamiento decretado por el gobierno.

En esta línea HWR recuerda que, respetando los derechos humanos, “el gobierno colombiano tiene la obligación de proteger los derechos a la vida y a la integridad física", por lo que insta a las autoridades del país a adoptar "medidas de prevención adecuadas" frente a "amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados", entre los que se encuentran "grupos de crimen organizado y otros grupos armados".

"El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos de la COVID-19", reiteró Vivanco.