La comarca de El Segrià, en Lleida, vive sus peores momentos al haberse desarrollado sobre sus territorios el peor brote de coronavirus desde que finalizó el estado de alarma. Esto hizo que las autoridades catalanas confinaran toda la región sin poder salir ni entrar de ella, a excepción de motivos laborales o urgencias graves. Pero, tras los datos de los últimos días, las medidas se han endurecido y ahora solo se recomienda salir del domicilio para las actividades esenciales.

Tal y como acordó el Gobierno con cada comunidad autónoma tras el estado de alarma, las competencias de cada territorio serían responsabilidad de las mismas, siempre y cuando no se necesitara la ayuda del Ejecutivo. Por lo que las decisiones que tomar respecto a la COVID-19, las decidiría cada comunidad autónoma según su criterio, tal y como ha ocurrido en Cataluña con la decisión del Govern de confinar Lleida.

Pero ayer, todo dio un giro de 360º cuando la juez de instrucción número 1 de Lleida anuló el confinamiento decretado por la Generalitat alegando que esa decisión corresponde al Estado y necesita de la intervención del Congreso. Del mismo modo, establece lo siguiente:

“En todo caso, el presidente de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”.

“Las medidas pretendidas no solo no son proporcionales sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada, no habiéndose identificado ni subjetiva ni limitado temporalmente la actuación administrativa pretendida”, dice.

Del mismo modo, estableció que la Generalitat pudo haber llevado a cabo otras medidas como la “individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento”.

Torra no está de acuerdo

Tras la decisión de la magistrada, el President de la Generalitat, Quim Torra, declaró no estar de acuerdo y solicitó a los ciudadanos de las zonas confinadas que siguieran sus indicaciones. Por ello, el Govern aprobó un decreto ley en el que modifica la ley de salud pública autonómica para así poder llevar a cabo el confinamiento en la región de El Segrià.

Pero esta jugada tampoco le saldría bien a Torra, ya que la Fiscalía de Lleida ha declarado que este decreto ley sería de nuevo ilegal, por lo que carecería de validez.

Carmen Calvo invita a Torra a recurrir el auto judicial

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en unas declaraciones para Radio Nacional de España (RNE), ha invitado a Torra a recurrir el auto judicial ya que considera que cuentan con “las competencias para determinar decisiones que afectan a la movilidad que no requieren el rango mayor del estado de alarma”.

¿Quién tiene el poder para decidir sobre el confinamiento de Lleida?

Por lo tanto, tras todo el embrollo de la Generalitat y Fiscalía, parece que el poder para decidir sobre el confinamiento domiciliario en Lleida correspondería al Gobierno de España, a pesar de que cada comunidad autónoma debería adoptar sus propias normas en función de la gravedad del asunto, eso sí, siempre consultando al Ejecutivo si se trata de una situación importancia máxima como es el caso de la región de El Segrià.