La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), que engloba a casi todo el sector privado que trabaja en esa región, se reunirá este martes con la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana para elaborar un plan que permita enfrentar posibles rebrotes de coronavirus que aparezcan en los próximos meses.

Las residencias de ancianos han sido uno de los focos más golpeados por la pandemia, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España. En la región, uno de cada cuatro fallecidos por el virus vivían en uno de esos hogares y muchos no fueron trasladados a un hospital. Se optó por atender la emergencia en las propias residencias, a pesar de que éstas no están diseñadas para enfrentar una pandemia.

Las peticiones de las residencias

El documento que la patronal valenciana presentará a Sanidad tiene siete puntos que consideran importante implementar:

1. Garantía de suministro de material de protección, que debe estar disponible tanto para residentes como para profesionales y sin ningún tipo de recorte.
2. Hacer pruebas cada 15 días a personas residentes y trabajadores, para saber la situación en la que se encuentra cada persona que está en los centros y tomar las medidas necesarias a tiempo.
3. Incluir la opinión del sector en la normativa que se adapte. Para eso proponen la creación de una comisión de coordinación.
4. Que haya una persona de enlace en atención primaria con las residencias, con el objetivo de coordinar las pruebas y hacer un seguimiento permanente de las necesidades de cada centro.
5. La derivación de los casos positivos a hospitales, para favorecer a los demás residentes, que pueden resultar afectados física y mentalmente ante un aislamiento.
6. Que haya un procedimiento unificado de información. Es decir, que las residencias informen de su estado a una sola administración con herramientas que permitan actualizar en tiempo real los datos.
7. Suspender temporalmente las bolsas de trabajo de los profesionales sanitarios, para evitar que, quienes estén inscritos en ellas, sean reclamados y los centros los pierdan, como sucedió en la primera ola de contagios.