El final del estado de alarma a partir del 21 de junio provoca que más de un millón de multas estén en el limbo. Esa fecha marcará el final de una situación excepcional que los abogados están aprovechando como resquicio legal para que los denunciados no tengan que afrontar el pago de las actas.

El principal argumento se fundamenta en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que permitió al Gobierno declarar el estado de alarma. Esa norma regula que una vez finalice su vigencia "decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas con base en estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes".

Sin antecedentes

Debido a que no existen precedentes, los multados no las tienen todas consigo. Por ello, todo dependerá finalmente de la interpretación del Ejecutivo y de los jueces que dictarán sentencia sobre las denuncias.

Desde el pasado 14 de marzo, se han interpuesto multas de todo tipo, lo que ha provocado muchas reacciones tanto de juristas como de ciudadanos. Desde el Ministerio del Interior se dieron unas directrices para orientar y graduar el incumplimiento del confinamiento y las multas oscilaban entre los 601 y los 10.400 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Más de un millón

En el último boletín publicado, fechado a finales de mayo, las propuestas de sanción eran de 1.013.747, a las que se sumaban 8.418 detenidos. También se ha ido observando una bajada en las multas con el fin de la desescalada, dado que fueron más numerosas en su etapa inicial que en la actualidad.

Ahora, muchos juristas están aprovechando esa pequeña coyuntura legal para que muchas multas acaben convirtiéndose en papel mojado. Se espera que gran parte de ellas no se tramiten y permanezcan en las delegaciones de gobierno ante la falta de personal para poder ejecutarlas, puesto que a los seis meses, el expediente caduca.