Los intentos del Gobierno, a través de un pacto con EH Bildu, de tumbar la totalidad o parte de la reforma de la ley laboral llevada a cabo por un ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 han levantado una gran polvareda. La reforma entre otras cosas abarató el despido procedente y facilitó la tramitación de los ERE. Los empresarios creen que acabar con ella tendría "consecuencias económicas incalculables".

A partir de su aprobación, quedó eliminada la necesidad de autorización laboral de los despidos colectivos. Esto es, que desde entonces el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) ya no tiene que ser aprobado antes de su ejecución por la Consejería de Empleo de la comunidad autónoma o del Ministerio de Empleo, sino que solo será necesaria una autorización judicial y esta podrá llegar una vez ejecutado.

El despido en las administraciones públicas, más fácil

Por otro lado, se facilitó el despido colectivo en todas las Administraciones Públicas y en todas las empresas, organismos y entidades que forman el sector público. Quedaron exentos los funcionarios de carrera, no así el personal laboral. La causa justificada para proceder a abrir un expediente, la misma que en el sector privado: nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y continuada.

En cuanto a los ahora recurrentes ERTE (expediente temporal de regulación de empleo), estableció que aquellos afectados que finalmente acaben despedidos permanentemente puedan recuperar hasta 180 días de indemnización de paro.