El coronavirus está siendo el principal protagonista del año 2020. El virus, que tuvo a su paciente cero en Wuhan, se ha propagado de manera muy rápida a Europa, donde España e Italia son los países más afectados. Pero no sólo ha sido Europa el único continente afectado. La pandemia se ha extendido por todo el mundo y está causando daños irreparables en la economía y la sanidad mundial mundial.

El pasado 14 de marzo se decretó en España el estado de alarma y el Consejo de Ministros aprobó un real decreto en el que se afirmaba que "la Autoridad Competente será el Gobierno" a los efectos de tal estado. Eso quería decir que se centralizaban las competencias de Sanidad, Defensa, Transportes e Interior bajo un mando único, el del Gobierno central.

Todas las miradas apuntaban a Salvador Illa, ministro de Sanidad, que tenía el papel más importante. Era el encargado de "garantizar la cohesión y la equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles". La Constitución Española de 1978 establece que las competencias en materia de sanidad pertenecen a las Comunidades Autónomas. No obstante, el Estado también tiene algunas funciones exclusivas.

¿Cuáles son las competencias estatales y autonómicas en materia de sanidad?

Según la carta magna, el Estado tiene las siguientes funciones en el ámbito sanitario: Sanidad Exterior; Bases y coordinación general de la sanidad y Legislación sobre productos farmacéuticos.

El resto de funciones están asignadas a las comunidades autónomas, entre las que destacan dictar normas de desarrollo y complementarias de las leyes básicas del Estado en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía. También son de las autonomías las competencias en materia de ejecución, administración y gestión.

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Sin embargo tras la crisis del coronavirus y el decreto del estado de alarma surgieron dudas acerca de cómo iba a aplicar el Ministerio de Sanidad el mando único. Ese decreto aseguraba que Illa tendría el control de todas las autoridades civiles sanitarias, de trabajadores y funcionarios, que debían seguir las órdenes cuando fuera necesario con el fin de proteger "personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios".

Durante la fase del pico hubo algunas discrepancias entre comunidades y Estado pero, ahora, con la desescalada en el horizonte, son varios los organismos autonómicos que han pedido y planteado al Gobierno sus propias medidas y planes. No obstante, durante todo el proceso anterior ha habido algunas dificultades. Las más palpables por la población española han sido la de las cifras de contagiados, fallecidos y altas diarias. No todas las comunidades utilizaron los mismos criterios y los datos de algunas de ellas iban variando de manera irregular de un día a otro, reflejado en todos los problemas de los fallecidos de Cataluña con las residencias de ancianos.

Otro de los temas que más polémica generó entre Gobierno central y comunidades fue la compra de material sanitario. Algunas comunidades, como Madrid y Cataluña, aseguraron que el Gobierno les había prohibido comprar por su cuenta. Díaz Ayuso acusó al Gobierno de haberle requisado parte del material, mientras que Quim Torra se mostró molesto: "No podemos esperar nada de Madrid porque no llega nada de Madrid. No nos han llegado los suministros que pedimos al Estado. Desde que las competencias se recentralizan, y con ello la compra, solo nos ha llegado un ocho o diez por ciento del material que pedimos y necesitamos. Nos estamos buscando la vida en un mercado internacional muy complicado".

En relación al papel del Gobierno central y a la intromisión que haya podido tener en la competencias sanitarias, Pedro Sánchez aseguró en el Congreso de los Diputados que "las autonomías han mantenido todas las competencias en sanidad" y afirmó que "no ha habido ningún intento de recentralización por el coronavirus. Nunca se ha requisado material".

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La responsabilidad de las autonomías en la desescalada

Las Comunidades Autónomas tendrán un papel clave en la fase desescalada de la COVID-19 a la que se está acercando España y que se debe ver completada durante los siguientes meses. Pedro Sánchez instó el pasado fin de semana a las CCAA a reforzar la red sanitaria de atención primaria, que jugará un papel importante.

El País Vasco propuso en la última reunión de presidentes autonómicos que, desde el 27 de abril, se puedan abrir de manera limitada los comercios y negocios y que se pueda salir de manera individual a hacer deporte. Presidentes populares, como Feijóo y Juanma Moreno, avisaron de la dificultad de trazar un buen plan de desescalada y defendieron "un un desconfinamiento progresivo desde las zonas de menor incidencia".

¿Cómo se reparten Estado y autonomías las competencias económicas?

El reparto de funciones en en materia económica entre Estado y Comunidades Autónomas es uno de los aspecto más complejos, ya que es difícil identificar todos los ámbitos que pueden llegar a generar consecuencias en el plano de la economía. El artículo 149.1 de la Constitución Española intenta realizar una diferenciación entre ambos. Las competencias estatales pueden llegar a abarcar toda la materia de competencia legislativas y bases, pero, sobretodo, los instrumentos básicos de la política económica. Estos son la financiación, el ahorro, las materias primas, la energía, las políticas laborales y de Seguridad Social, etc...

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Por lo tanto, los cometidos de las Comunidades Autónomas quedarían limitados a aspectos de ejecución o mero fomento. Pero todas ellas han tenido un papel importante durante la gestión de la crisis del coronavirus. Pedro Sánchez destacó en el congreso que, durante este periodo marcado por el virus, se han destinado 4.624,39 millones de euros a medidas sanitarias y 124.877 a medidas económicas. En ese mismo plano, el presidente del Gobierno ha asegurado que aboga por unos acuerdos a todos los niveles "geográficos", "gobierne quien gobierne" en cada comunidad.

Uno de los aspectos económicos (que también influye en el ámbito laboral) ha sido el de los ERTE. El Consejo de Ministros llegó a un acuerdo, reflejado en el último BOE, para controlar posible fraudes con los ERTE provocados por el coronavirus. Aquellos que aporten datos falsos serán sancionados.