Pese a que España sufre uno de los peores brotes de coronavirus del mundo (157.022 contagiados y 15.843 fallecidos este viernes), han sido numerosas las infracciones del confinamiento decretado en estos días. Por eso, ante la posibilidad de que se repitieran en Semana Santa los desplazamientos masivos a zonas turísticas que tuvieron lugar en los primeros días de la epidemia, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los ayuntamientos de varios municipios han tomado medidas excepcionales de vigilancia. 

En cuanto a las precauciones de los consistorios, han incluido desde colocar barreras de hormigón en los accesos a utilizar drones y a vigilar los niveles de consumo de aguas o de recogida de basuras. Algunos también han decidido anotar las matrículas de los vehículos estacionados en áreas residenciales para comprobar si estaban expedidas en esa zona o correspondían a otra región. 

Y es que en estos pueblos preocupa la posibilidad de que los viajeros traigan consigo el virus y puedan diezmar su población, que en algunos casos no cuenta con acceso rápido a grandes centros hospitalarios: "Somos un pueblo turístico de segunda residencia y no queremos insultar a nadie, hay una situación de emergencia sanitaria que es prioritaria. Además, no tiene sentido venir aquí porque esta todo cerrado, lo lógico es quedarse en la primera residencia", asegura en 20 minutos Ramon Ferré, el alcalde de Calafell, un conocido municipio costero de Tarragona.

Allí se han colocado las citadas barreras de hormigón, mientras en otras localidades de Alicante, Málaga o Cádiz han optado por clausurar todos los accesos menos uno, que dejan fuertemente vigilado. En el caso de que se detecte actividad en el consumo de agua o la producción de basuras (en Escalona, en Toledo, El País publicó que en los últimos 15 días de marzo se habían recogido 40 toneladas más de residuos que en todo febrero) en casas que deberían estar desocupadas, o que se localice un vehículo fuera de la zona donde debería estar confinado su propietario, se procederá a ordenar su vuelta a la residencia habitual y se le multará. 

Posibles sanciones

Otras medidas adoptadas también incluyen controles de entrada en los supermercados, los únicos servicios que permanecen activos en algunos pueblos. Las sanciones por incumplir las directrices del estado de alarma (el miércoles ya se habían contabilizado más de 370.000 propuestas en todo el territorio) pueden oscilar entre los 100 euros por una infracción leve hasta los tres meses de cárcel si hay desobediencia o los cuatro años si se atenta contra la integridad de las autoridades, que también han reforzado estos días su presencia en las vías de circulación. Entre otras actuaciones, la Guardia Civil activó hace días la 'Operación Jaula', con 150 controles en autovías y carreteras nacionales.