Organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia (Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet) y el pianista James Rhodes, víctima de violencia sexual cuando era pequeño, han unido sus fuerzas para pedir que se agilicen los trámites para sacar adelante cuanto antes la Ley integral de protección frente a la violencia contra la infancia, anunciada la semana pasada por el Gobierno.

El último Consejo de Ministros acordó la puesta en marcha del anteproyecto de Ley que, según el anuncio del Ejecutivo, se enviará al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019, aunque dichas organizaciones y el pianista instan al Gobierno a que a que agilicen la fecha de entrada a las Cortes durante el mes de enero de 2019.

"Este es un paso enorme, importante y vital que convertirá a España en el país número uno del mundo en la protección de los niños. Estoy profundamente agradecido al Gobierno y a todos los partidos políticos por su apoyo unilateral a un problema tan universal. Por razones personales, después de haber sido víctima de abusos sexuales durante varios años en mi infancia, esta es mi prioridad número uno y estoy muy emocionado de que el Gobierno le esté dando prioridad tratándolo como una cuestión de urgencia", afirma James Rhodes.

Datos sonrojantes

Según los datos facilitados por Save The Children, las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017 (datos del Anuario del Ministerio del Interior) pero, aunque las denuncias aumentan cada año, la mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Tan solo un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio oral.

“Ni la sociedad ni las instituciones asumen la realidad reflejada en estudios de abusos sexuales infantiles. Sin conciencia no hay alerta. Esta problemática, que afecta a uno de cada cinco niños y niñas, debería ser considerada una cuestión de Salud Pública y el Gobierno debe abordarlo como tal”, afirma Vicki Bernadet, presidenta de la Fundación que lleva su nombre y que también fue víctima de abusos en su infancia y adolescencia.

Medidas

Por ello, las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia pretenden que la lucha contra los abusos sexuales esté enmarcada dentro de la Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, que debería contemplar, entre otras, las siguientes medidas:

• Garantizar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas.

• Incluir la formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículum formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos y dotar a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.

• Crear una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia.

• Dar prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores e incluir formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso, especialmente psicológica.

• Fortalecer y ampliar los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y que sean públicos y gratuitos.

• Que los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad se activen cuando la víctima cumpla 50 años.