El Gipuzkoa pide la intervención del CSD para poder ascender

El Gipuzkoa Basket, una vez celebrado su consejo de administración, ha emitido un comunicado en el que explica que ha pedido al Consejo Superior de Deportes su intervención para que la ACB le reconozca su derecho a ascender, como ya ha hecho la Federación Española con el equipo guipuzcoano y el Vallladolid. La Liga Endesa, por su parte, trata de negociar antes del 15 de julio un acuerdo con la FEB para determinar los ascensos de esta temporada, una vez además que ya se conoce que no habrá descensos. La competición podría pasar de 18 a 19 equipos, incluso a 20, aunque la situación económica del Valladolid parece alejarle del objetivo de la primera categoría.

Este es el comunicado del Gipuzkoa Basket

"Una vez presentada la documentación con fecha de 30 de junio para podernos inscribir en la ACB y no habiendo visto todavía reconocido nuestro derecho para ser admitidos el día 15 de julio; con fecha de hoy tras acuerdo adoptado ayer en el Consejo de Administración hemos solicitado al Consejo Superior de Deportes en virtud de la competencia que tiene reconocida para controlar en vía administrativa los acuerdos adoptados por Las Ligas Profesionales sobre la afiliación de Clubes de Baloncesto que intervenga ante la falta de aceptación por parte de la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Así mismo hemos reiterado a la ACB la solicitud para que someta a aprobación de su Asamblea General nuestra solicitud de afiliación. Advirtiéndoles que la dilatación en los plazos de la adopción de dicho acuerdo está ocasionando muy graves perjuicios a nuestra entidad por la imposibilidad de planificar la temporada 2020-21, haciéndoles responsables de todos los daños que ya nos están causando y nos puedan generar en el futuro por la falta de contestación a nuestra solicitud de admisión.

Y comunicamos que de no adoptarse el acuerdo de aceptación a nuestra solicitud de afiliación ejerceremos todas las acciones legales de índole civil y administrativo, así como de compensación por los daños y perjuicios económicos causados en defensa de nuestros derechos e intereses legítimos, así como una posible presentación de denuncia ante la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)”.