Le dan un premio a un funcionario y le pillan cobrando 37.000 euros tras seis años sin trabajar: “No había nada que hacer”
Un juzgado de Cádiz impuso a Joaquín García una multa de 27.000 euros por absentismo laboral. Esta corresponde a un año de su salario neto, el máximo importe legalmente reclamable en este tipo de situaciones.
Imagina seguir cobrando de la empresa en la que trabajas, pero sin acudir a tu empleo durante nada menos que seis años. Y que nadie se dé cuenta pese a todo ese tiempo. Esta historia, aunque con vistas de imposible, es lo que ocurrió hace ya unos años. Y sucedió en España. Joaquín García, que por entonces tenía 69 años, no fue a su trabajo durante más de un lustro. Y nadie le echó de menos hasta que le fueron a entregar un premio a su trayectoria en la empresa.
Tal y como narra el Daily Mail, García dejó de ir a su empleo porque no había trabajo que hacer y, además, se sentía “acosado”. Hasta que, en lo que era su 20º año en la empresa, se descubrió el pastel. Apodado el ‘funcionario fantasma’, durante años estuvo cobrando su nómina (de 37.000 euros anuales). Todo, por una confusión entre los dos departamentos en los que trabajaba.
Y es que ambos dieron por hecho que la supervisión de sus funciones correspondía a la otra parte. Y, así, pasaron seis años. García, ya jubilado, trabajaba como ingeniero en una planta de tratamiento de aguas residuales en Cádiz. Según alegaba entonces, fue destinado a ese puesto de trabajo por diferentes ideas políticas con el gobierno local.
Un puesto vacío de trabajo
Según informaba El Mundo en su momento, fuentes cercanas a su entorno negaron las acusaciones. García, defienden, era víctima de mobbing, pues le enviaron a un puesto en el que poco o nada tenía que hacer. Y lo hicieron, afirman, sabedores de ello. Él, en cualquier caso, niega que no fuera a la oficina, si bien no lo hacía en su horario completo de 8:00 a 15:00.
“Lo enviamos a Aguas de Cádiz, que es de titularidad municipal, para que desde allí se encargara de supervisar las obras de La Martona, el centro donde van las aguas fecales y pluviales de la ciudad”, aseguraba el teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Jorge Blas Fernández.
Allí asegura que se le dio un despacho y desde entonces, hasta que no pasó una década, no volvió a reparar en él. “Pensé: ‘¿Dónde estará este hombre? ¿Seguirá allí? ¿Se habrá jubilado?, ¿Habrá fallecido?’. Como me constaba que seguía cobrando la nómina, me puse a hacer gestiones”, afirmaba. Tras una llamada telefónica en la que le preguntaba por su trabajo en meses pasados, García no supo cómo responder.
Según la versión de la familia del trabajador, se trata de un caso de mobbing por parte del Ayuntamiento, que buscaba “quitárselo de encima”. Al poco tiempo de cambiar de manos el consistorio, fue destinado a la supervisión de la depuradora de Cádiz-San Fernando, que estaba en fase de construcción y no terminaría hasta años más tarde. Con ello, argumentaban, “no había nada que hacer”.
Y, mientras tanto, García se dedicó a cultivar su mente a través de la lectura. Según contaba en aquel momento su entorno, no denunció porque temía que, a su edad, quizá no encontraría otro trabajo y “tenía una familia que mantener”. Finalmente, fue condenado a pagar cerca de 27.000 euros, el equivalente a un año de su salario neto.
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