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El juez Toro se sentó en el banquillo y dejará su puesto
El fiscal pide para él 15 años de inhabilitación y 9.900 euros de multa por prevaricación y revelación de secretos.
El magistrado Juan Antonio Toro Peña, que se sentó ayer en el banquillo acusado de prevaricación en la investigación que se siguió contra el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez, anunció al final de la vista celebrada en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dejará la carrera judicial.
“Después de 43 años de ejercicio jurisdiccional quiero manifestarles mi voluntad de presentar cuando pueda este año la renuncia o la excedencia”, dijo Peña al tribunal después de negar los delitos de que se le acusan. En concreto, la Fiscalía mantuvo su petición de 15 años de inhabilitación especial y 9.900 euros por prevaricación y revelación de secretos.
Toro Peña era titular del juzgado de instrucción número 36 de Madrid cuando tuvo que investigar una denuncia de José Luis Escañuela, el inhabilitado expresidente de la Federación Española de Tenis, contra Miguel Cardenal, presidente del CSD, y su directora, Ana Muñoz. Este denunciaba un trato discriminatorio del CSD respecto a Sáez, acusado a su vez de utilizar fondos de la FEB para gastos privados.
Peña admitió a trámite la querella y luego la sobreseyó. Después, inició investigaciones contra Sáez y su secretario general, Luis Giménez. Y, en 2017, aunque Escañuela no estaba personado, el juez Toro dio al dirigente de Tenis el sumario del ‘Caso Sáez’ “sin motivación ni razón jurídica explicable”, según la fiscal.
Escañuela, que declaró por videoconferencia, explicó que lo pidió para utilizarlo en la Audiencia Provincial de Madrid, para su recurso por el sobreseimiento. En ese sumario, de 12 tomos, había información de recibos bancarios o facturas, que acabaron publicándose.
El tribunal no permitió al abogado de Luis Giménez preguntar a Cardenal, presente en la vista, por una reunión (acreditada por la Guardia Civil) que el juez Toro mantuvo con el expresidente del CSD Rafael Cortés Elvira (presidente de honor de la Fundación del Tenis creada por Escañuela) y el de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar para asesorar a este último en temas judiciales. Toro había archivado anteriormente querellas contra Villar.
Los abogados de Sáez y Giménez piden tres años de prisión, 43.200 euros de multa y veinte años de inhabilitación.