Prohiben al alcalde de Río dar 547.000 entradas de los Juegos
Un juez prohibió su distribución porque podrían favorecer al candidato afín al actual edil carioca en las próximas elecciones municipales de octubre
Un juez electoral del estado brasileño de Río de Janeiro suspendió hoy una campaña de la alcaldía de esta ciudad para distribuir gratuitamente 547.000 entradas para los Juegos Olímpicos de agosto próximo entre funcionarios públicos, estudiantes de escuelas públicas y personas con deficiencias.
La suspensión fue determinada por el juez Marcello Rubioli, responsable por la fiscalización de la propaganda electoral, con el fin de que la distribución de las entradas no sea usada para favorecer al candidato apoyado por el actual alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, a sucederle.
De acuerdo con el juez, las entradas sólo podrán ser distribuidas cuando la municipalidad garantice que en ningún momento beneficiarán al diputado Pedro Paulo, aliado de Paes y candidato oficialista a la alcaldía de Río de Janeiro en las elecciones municipales de octubre próximo.
La Alcaldía de Río de Janeiro invirtió cerca de 5 millones de reales (unos 1,4 millones de dólares) de recursos públicos para reservar en mayo pasado 547.000 entradas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para regalarlas a beneficiarios de diferentes proyectos municipales.
El ayuntamiento adquirió cerca de 47.000 entradas de los Juegos Olímpicos y 500.000 de los Paralímpicos, que pretende destinar a 137.000 funcionarios públicos, 392.000 estudiantes de escuelas públicas, a los que se les exigirá tener buenas notas, y 18.000 deficientes.
Según el último balance del Comité Organizador de Río 2016, hasta ahora se ha vendido cerca del 67 % de las 6 millones de entradas de los Juegos Olímpicos y alrededor de un tercio de las que han sido ofrecidas para los Paralímpicos.
El juez que suspendió la distribución de las entradas reservadas por la alcaldía le exigió a Paes que presente en un plazo de 48 horas un informe aclarando los criterios que utilizará para escoger a los beneficiarios, si la entrega será hecha en alguna ceremonia pública o privada y si algún miembro de la administración o del partido oficialista participará en el proceso.
El juez recordó que en un año electoral la administración pública está prohibida de distribuir gratuitamente bienes, valores o beneficios.