REAL SOCIEDAD

Un expresidente de la Real, encausado por calumnias

Iñaki Badiola habría dirigido, a través de una red social, injurias contra políticos, jueces y periodistas guipuzcoanos. "Existen indicios suficientes", resalta el auto.

Badiola, encausado por injurias y calumnias.
AMAIA ZABALO DIARIO AS

El expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola se encuentra encausado en un procedimiento que se instruye en un juzgado de San Sebastián por las injurias y calumnias que, supuestamente, habría dirigido a través de una red social contra políticos, jueces y periodistas guipuzcoanos. Según el auto de conversión del asunto en Procedimiento Abreviado con el que se cierra la fase de instrucción y al que ha tenido acceso EFE, entre las personas presuntamente injuriadas se encuentran el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el diputado del PSOE en el Congreso y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza.

Entre los presuntamente agraviados se encuentran también varios magistrados guipuzcoanos, una letrada de la administración de Justicia, tres responsables de la Hacienda foral de Gipuzkoa, un notario, un medio de comunicación y varios periodistas. El citado auto considera que "existen indicios suficientes" de que el investigado habría creado dos cuentas en la red social Twitter, en las que, a partir del 27 de abril de 2017, "habría realizado publicaciones" con "intención de menoscabar" la imagen pública, personal, familiar y social de los afectados, a pesar de tener "pleno conocimiento de su falsedad".

El documento señala además que, en algunas ocasiones, los textos presuntamente injuriosos se publicaron junto a las fotografías de los damnificados, eventualmente obtenidas "a través de redes sociales u otras publicaciones", aunque en el caso de una de las responsables de Hacienda afectadas la imagen habría sido captada en un despacho foral, "sin su autorización". El texto precisa que, "como consecuencia de dichas publicaciones", algunos de los damnificados vieron perjudicadas "sus rutinas" y "su tranquilidad", además de ver afectada "su situación física" por "nervios y estrés" con la consiguiente afectación "a su vida diaria, "en el ámbito personal, familiar, social y profesional".

El 11 de mayo de 2018, como medida cautelar, "a fin de evitar la reiteración del comportamiento presuntamente constitutivo de infracciones penales", el juzgado correspondiente acordó el cierre de ambas cuentas de Twitter, presuntamente atribuidas a Badiola, que operaban bajo el título genérico de "Gipuzkoa Confidencial". El auto considera que estos hechos "son aparentemente constitutivos de delitos de injuria y calumnia, sin perjuicio de la calificación que pueda resultar definitiva" cuando se abra la fase de juicio oral. Para adoptar esta decisión la magistrada del caso se apoya en "las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Ertzaintza, tanto de comprobación del contenido de las publicaciones en la red social, como de las que se desprende que el investigado sería quien habría abierto las cuentas en la red social y habría publicado los tuits que contenían las manifestaciones presuntamente constitutivas de infracción penal".

En este apartado, el auto también tiene en cuenta, junto a las denuncias formuladas, la toma de declaraciones y la prueba documental aportada, así como "la relación existente entre el investigado y los distintos juzgados y organismos públicos en los que han tenido intervención los perjudicados, que acreditarían el motivo por el que el investigado habría llevado a cabo su comportamiento". Se da la circunstancia de que en octubre de 2018 otro Juzgado de Instrucción donostiarra archivó una querella que Badiola interpuso en 2015 contra cinco responsables de la Diputación, entre ellos el citado Markel Olano, por la supuesta condonación a la Real Sociedad de 6,4 millones de euros en el marco del proceso concursal que vivió el club donostiarra.

Sin embargo, el pasado mes de marzo la Audiencia Provincial reactivó el caso respecto al exdirector de Hacienda Pedro Mari Ruiz de Azua, para quien Iñaki Badiola reclama ahora diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación en su decisión de tramitar por la vía administrativa el pago irregular, en concepto de derechos federativos y a través de paraísos fiscales, de las fichas de varios jugadores entre 2004 y 2008, en lugar de derivar esta actuación a la vía penal. La Fiscalía de Gipuzkoa no formula acusación alguna contra Ruiz de Azua por entender que la eventual comisión del citado delito no ha quedado "suficientemente acreditada".