El socio fundador del grupo Mediapro, Jaume Roures, ha remitido una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la que se considera "perfectamente legitimado para optar a la adjudicación de derechos de la RFEF o de cualquier otra organización, en las que deberían primar principios de objetividad, transparencia y no discriminación en la adjudicación de sus contratos". "Ni Mediapro, ni Imagina Media Audiovisual, sociedad matriz del grupo, han sido condenadas por delitos de soborno, fraude o similares en ninguno de los países donde desarrollan su actividad", ha señalado la compañía en la carta firmada por Roures, que solicita poder optar "con cualquier otro interesado" a los derechos audiovisuales internacionales de la final de la Copa del Rey y la Supercopa de 2019. Según ha informado la compañía, el socio gestor de Mediapro ha informado a la RFEF de que, "tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por las autoridades norteamericanas de más de tres años, no se encontraron indicios de delito para iniciar la apertura de juicio oral". "La filial estadounidense de Mediapro a la que alude la RFEF es una sociedad inactiva, cuya responsabilidad penal se encuentra totalmente extinguida al haber cumplido ya con lo previsto por la justicia estadounidense", ha explicado el grupo de comunicación. A su juicio, "prueba de la no condena de Mediapro por soborno o fraude son las adjudicaciones de contratos de derechos audiovisuales con entidades como la propia FIFA y otras federaciones y confederaciones de fútbol". Mediapro también ha destacado que cuenta con un Código Ético que "prohíbe las conductas delictivas a las que hace referencia la RFEF e incorpora los más altos estándares éticos bajo los que se desarrolla toda su actividad, incluida la comercialización de derechos audiovisuales".
"Por todo ello, el grupo Mediapro se considera perfectamente legitimado para optar a la adjudicación de derechos de la RFEF o de cualquier otra organización, en las que deberían primar principios de objetividad, transparencia y no discriminación en la adjudicación de sus contratos, utilizándo las licitaciones y concursos que el ordenamiento configura a tal fin para evitar abusos de posición de dominio y de corrupción", ha indicado, para concluir que requerirá "el amparo de los tribunales ante cualquier acusación infundada de condena por soborno o fraude".