Drets advierte de que no se requisen esteladas en la final
Ha presentado un requerimiento previo al Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno de Madrid y la FEF recordando que la estelada es una bandera legal.
![Drets advierte de que no se requisen esteladas en la final](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/7HC5RZPYPRPNXEX4575J5KKQ4M.jpg?auth=e1b21e00921e50d0e4c347ba7690b26acfc6bb5caf68478ae3356842789f25b3&width=360&height=203&smart=true)
El colectivo de juristas Drets envió este jueves un comunicado en el que anuncia que ha enviado un requerimiento preventivo a los responsables de seguridad de la final de Copa del Rey, que son el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y la FEF, recordándoles que la estelada es una bandera legal. Drets dice que anticipándose “a posibles nuevos incidentes”, han enviado dicho requerimiento. “La estelada es una bandera legal, reconocida por el parlamento y que no está en ningún caso prohibida en la ley que regula la presencia de símbolos en eventos deportivos y que tampoco está recogida en el manual de simbología prohibida elaborada por la Comisión Antiviolencia”. “Recordemos que exhibir la estelada se ampara en el derecho fundamental de la libertad de expresión y la libertad ideológica de los aficionados”.
En el texto de los requerimientos, Drets solicita “que se cese inmediatamente con la persecución de las esteladas en los eventos deportivos dado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen incautándolas e incluso expulsando a los aficionados que las exhiben como en el caso de la final de la última Copa del Rey de rugby celebrada en Valladolid. Los abogados advierten de que retirar esteladas podría ser incluso motivo de delito”.
Drets recuerda que hace el requerimiento para evitar que se repita “el lamentable episodio” de hace un año. Drets recuerda que la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, dio la orden verbal de prohibir e incautar esteladas y desde Drets se impuso un recurso al juzgado número 11 de Madrid. En ese caso consiguió medidas cautelares que dejaban sin efecto “la prohibición” de la delegación del Gobierno español en Madrid.