El Concurso de acreedores del Elche entra en su fase decisiva
Queda pendiente la aprobación del Convenio y la pieza de calificación. El Elche está en plazo para presentar sus alegaciones.
La Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ya han presentado su recurso de oposición a la aprobación del convenio de acreedores propuesto por el Elche CF. Los dos primeros están respaldados por la Abogacía del Estado y el segundo, por la defensa de la Generalitat Valenciana. El director general del IVF, Manuel Illueca, ha dejado claro que este plan de viabilidad no es válido porque no incluye la decisión de recuperación de dinero público ordenada por la Comisión Europea, de 4’1 millones de euros, por los avales ilegales concedidos en noviembre de 2010.
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Ahora el Elche está en plazo para presentar sus alegaciones, antes de que el juez José Luis Fortea decida si el convenio de acreedores que se aprobó en la Junta del pasado 27 de enero, con el apoyo del 69% de los créditos ordinarios de la entidad franjiverde, es válido. Si el magistrado considera que el convenio es viable para el futuro económico del Club se levantará la intervención judicial y el administrador concursal Carlos Pérez cesará en sus funciones. A partir de ahí, la sociedad entraría en la fase de cumplimiento: pago a diez años, con dos de carencia, y una quita del 65% o capitalización de la deuda. Para este segundo camino sería necesaria una Junta Extraordinaria de accionistas en la que habrá que ver si la Fundación da su voto a favor a pesar de la oposición del IVF, que cuenta con el derecho a decidir en contra si se cuestiona su mayoría accionarial con una ampliación de capital.
Tras el levantamiento de la intervención judicial quedaría pendiente la determinación de responsabilidad del concurso de acreedores del Elche como fortuito o culpable. En este caso, la pieza de calificación del administrador concursal Carlos Pérez la resolverá como culpable contra Juan Anguix por su gestión durante los 92 días en los que se consumó el descenso administrativo a Segunda División. Esta situación podría derivar en duras responsabilidades económicas contra el expresidente del Elche CF y quedaría pendiente la intervención de la Fiscalía por una posible administración desleal durante su mandato.
