El juez Andreu insiste en archivar el caso de la pitada al himno
Entiende que los delitos de injurias al Rey o de ultrajes a la Nación no los pueden cometer personas jurídicas, y la querella de Manos Limpias se dirigía a Barça, Athletic y varias asociaciones.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado de nuevo la pitada al himno nacional que se produjo en el Camp Nou el 30 de mayo durante la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic de Bilbao, al entender que los posibles delitos solo se podrían imputar a personas físicas.
Andreu ya archivó esta causa, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a reabrirla porque consideraba que los hechos pueden ser delictivos atendiendo al "ambiente institucional" derivado de las aspiraciones independentistas del Gobierno catalán.
El magistrado, en el nuevo auto de archivo, no entra a analizar esos argumentos y se queda en un aspecto más formal, ya que entiende que los delitos de injurias al Rey -el rey Felipe VI presidió el encuentro- o de ultrajes a la Nación no los pueden cometer personas jurídicas, y la querella de Manos Limpias que dio lugar a esta investigación se dirigía solo contra este tipo de personas.
En concreto, iba tanto contra el FC Barcelona y el Athletic Club, como contra varias asociaciones independentistas como Catalunya Acció, Plataforma pel Dret a Decidir o Units per Declarar la Independencia de Catalunya.
El magistrado añade que los hechos se podrían tipificar, "con mucha dificultad", en un delito de incitación al odio y en este caso sí podrían ser responsables personas jurídicas, pero se da la circunstancia de que la final se produjo un mes antes de que el delito entrara en vigor en el Código Penal.
Andreu archivó la causa en un primer momento alegando que esta pitada es como la que se produjo en 2009 y fue en su día archivada, pero la Sala le contestó que no se trata de casos parecidos porque ese año, cuando se produjo la pitada al himno en el estadio de Mestalla en Valencia, no se daban las mismas circunstancias políticas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió entonces el "precipitado" y "prematuro" archivo de la causa advirtiendo que las asociaciones que la convocaron generaron a sabiendas "una situación de riesgo que podría desembocar en una alteración grave del orden público".
La Sala le obligó luego a reabrir la causa "considerando que el ambiente institucional respecto de la independencia de Cataluña en el año 2009, es muy diferente al de 2015" e investigar la planificación de la pitada.
El juez apartará a Manos Limpias del caso si no presenta un poder.
En el auto de archivo, el juez revoca además parcialmente la personación de Manos Limpias como acusación popular porque se produjeron una serie de defectos formales en la tramitación de la causa (deja en cambio una puerta abierta a dirigirse contra otras personas físicas y da traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que, "como única parte acusadora en este momento procesal", interese la práctica de diligencias y determine las personas que deben ser investigadas). El magistrado ha pedido a Manos Limpias, cuyo presidente está en prisión por extorsión, que presente un poder de su junta directiva o le apartará del caso de la pitada al himno. El magistrado de la Audiencia Nacional ha detectado una serie de defectos de forma en la tramitación de esta causa, que se inició en Barcelona por una querella de Manos Limpias y luego pasó a la Audiencia Nacional al tratarse de delitos contra el Rey y la Nación.
Según Andreu, Manos Limpias en su día presentó para personarse como acusación popular un poder que no contaba con un acuerdo de la junta directiva del sindicato y además no prestó fianza para ello, unos defectos que ahora debe subsanar en un plazo de tres días o quedará fuera de la causa.
Lo ha decidido cuando el presidente del sindicato, Miquel Bernat, está en prisión investigado por supuestamente extorsionar a cambio de retirar acusaciones en juicios y su procuradora, que es la que debería presentar el poder, se ha retirado de todas las causas.
El juez pide a Manos Limpias que, si presenta el poder y quiere seguir personado en la causa, pague una fianza de 10.000 euros.
Deja en cambio una puerta abierta para que la causa se siga investigando contra personas físicas y da traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que, en caso de que lo crea necesario, se dirija contra nuevas personas.
