La Audiencia Nacional ha dado a conocer este martes la condena para Manuel Murillo, el vigilante de seguridad que en el año 2018 mostró sus intenciones de asesinar al presidente Pedro Sánchez a través de un grupo d WhatsApp. La Audiencia le condena con siete años y medio de cárcel, tras destacar su "alta peligrosidad", por tener a su disposición un arsenal de armas y por acudir de forma frecuente a un club de tiro.

Pese a no tener un plan definitivo, se le imponen dos años y medio por homicidio en grado de proposición y otros cinco más por depósito de armas de guerra. El tribunal refleja que en el año 2018 Murillo formaba parte de un grupo con el nombre de 'Terrasa por España'. Entonces, empezó a mostrar su claro desacuerdo con la exhumación de los restos de Francisco Franco.

Fue a partir de entonces cuando sus mensajes pasaron a ser más agresivos, hasta expresar "con una fijación inquebrantable su voluntad de dar fin a la vida del presidente". Los magistrados señalan que Murillo tenía la "determinación" de llevar a cabo la acción que había anunciado, sin que se acreditara alteración psíquica ni atenuantes de embriaguez por consumo de alcohol o medicamentos.

Rechaza los argumentos

Con esta decisión rechazan los magistrados los argumentos que Murillo alegó durante el juicio. En aquel momento presentó dichos mensajes como bravuconadas provocadas por el consumo de alcohol y pastillas. "Estaba muy saturado, cansado de trabajo. La única válvula que tenía era comer de menú y tomar algo de vino. Eran ensoñaciones de ir bebido, no soy un francotirador, solo de un club de tiro de precisión".

La sentencia de la Audiencia recuerda alguno de los mensajes enviados por el acusado a varios miembros del grupo, a título privado. " Es un plan para acabar con el Gobierno que hay pero no quiero que lo sepa nadie, solo los más justos. Porque hay muchos traidores. Necesito alguna ayuda y tienen que ser patriotas. Por eso no se puede hablar más que personalmente. Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez. Antes de que hunda del todo a España. No harían falta guerras".

Un mensaje enviado a la coordinadora de Vox en la comarca del Vallés, Patricia Muñoz, quien le expresó sus dudas sobre la posible colaboración de otros miembros del grupo. Fue ella la que, tras consultarlo con su abogado, la Guardia Civil y un policía autonómico, informó a los Mossos d'Escuadra. "Informé, pero no denuncié", dijo durante el juicio.

Dentro del domicilio de Murillo se hallaron un total de 13 armas reglamentarias, siete prohibidas, una de ellas catalogada como de guerra, además de munición variada y un artefacto explosivo casero. Todo ello, junto con los mensajes, hacen que el tribunal valore la "fijación inquebrantable" en su voluntad.