La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las tres investigaciones judiciales relacionadas con Juan Carlos I tras casi dos años, a pesar de constatar un amplio abanico de irregularidades fiscales. Entre las diligencias archivadas y firmadas por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el Fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, están el presunto cobro de comisiones ilegales al ser intermediario de las obras del AVE a La Meca, la ocultación de fondos en paraísos fiscales y el uso del testaferro del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Además, todas aquellas personas que conforman la Fiscalía General del Estado consideran que es muy difícil la persecución de presuntas irregularidades que tengan una vinculación con el rey emérito. Por lo tanto, la ausencia de pruebas, como la regularización fiscal presentada en diciembre de 2020 y febrero de 2021, frena que el Tribunal Supremo puede actuar contra las diligencias del anterior jefe de Estado. (Consulta la nota de prensa oficial)

Esta decisión pone fin a dos años de investigación al rey emérito

La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo estuvieron durante casi años investigando indicios de delitos fiscales a causa de negocios internacionales y nacionales en los que fue participe de manera directa o indirecta Juan Carlos I. Por ello, todas las diligencias e irregularidades cometidas por el rey emérito no pueden ser custodiadas, ya que se cometieron antes del 2014, cuando estaba escudado por el artículo 56.3 de la Constitución española.

También, las donaciones de dinero a algunas identidades, y que fueron demostradas, se han quedado sin ningún efecto penal. Por ejemplo, el empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, reconoció a la Fiscalía de Anticorrupción en septiembre de 2020, que había regalado cerca de un millón de euros al rey Juan Carlos primero entre los años 2016 y 2018.

No obstante, esta donación no fue declarada hasta diciembre de 2020 por parte del anterior jefe de Estado español, para acogerse al artículo 305.4 del Código Penal que apunta que “la regularización de la situación tributaria impedirá perseguir las irregularidades cometidas previamente”. Únicamente, le queda una procedimiento judicial a resolver, ya que Corinna Larsen le demandó por un supuesto acoso realizado por el Centro Nacional de Inteligencia, dirigido por el anterior monarca.