El pasado martes se iniciaron en el Congreso las votaciones una reforma fiscal que, en caso de aprobarse, se incluirán en ella una subida de impuestos para las rentas más altas y las eléctricas. Pero más allá de ello, esta reforma fiscal cuenta con una subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que afectará a los trabajadores asalariados.

Básicamente, se tendrán que pagar cerca de 100 euros más en base a dicho concepto del IRPF. La razón radica en que este impuesto no está ajustado al Índice de Precios de Consumo (IPC), como sí lo están otros. Así, según va suendo el IPC, también lo hace este impuesto. Y cobra especial importancia en un momento en el que la inflación está por las nubes. La inflación del mes de enero se sitúa en el 6,1%, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Media de 95 euros más

De acuerdo a lo pactado en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio económico, los tramos más altos de las rentas (más de 300.000 euros) se verán afectados por una subida que alcanza el 47%. Aunque la subida afecta a las rentas más altas, el desajuste respecto al IPC puede afectar de forma indirecta a una población mayor.

De acuerdo con la información que publica El Mundo, cada punto de subida que se registra en el IPC supone una recaudación para la Agencia Tributaria de unos 800 millones. Según los datos del citado medio, el coste final para el contribuyente será de unos 95 euros de media por el IRPF. Así, Hacienda puede recaudar unos 2.000 millones más de lo estimado inicialmente, alcanzando una cifra final que rondaría los 5.500 millones de euros.

Esta reforma, en cualquier caso, es un nuevo punto en los desencuentros en el Gobierno de coalición. Las ministras María Jesús Montero (Hacienda) y Nadia Calviño (Asuntos Económicos y Transformación Digital) califican el desacuerdo como "inoportuno". A su vez, Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley para que la inflación cuente en el cobro de impuestos. Lo que propone la formación naranja es evitar que si aumenta la renta lo haga también este pago, aunque no lo haga el poder adquisitivo.