Barcelona ha sido protagonista de una multa muy peculiar. El Ayuntamiento de la ciudad ha aplicado la primera sanción a un alquiler excesivo a un propietario que cobró una renta mensual superior a la establecida por la regulación de alquileres de la ley catalana.

La multa llega en pleno debate por el precio de los alquileres y tras la nueva Ley de la Vivienda, que tratará de regular los precios del alquiler en las zonas con mayor demanda, aunque de ello se encargarán las propias comunidades autónomas.

Multa de 9.000 euros

La multa que el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto a este propietario alcanza los 9.000 euros y es fruto de la denuncia que los inquilinos del piso trasladaron al consistorio. "El Ayuntamiento nos dio la razón, pero nosotros seguíamos pagando un alquiler ilegal", ha criticado en declaraciones a EFE Ramón Casas, uno de los inquilinos.

Los tres compañeros que compartían el piso comenzaron a vivir en él en diciembre de 2020, cuando la nueva normativa ya se encontraba vigente. Meses más tarde comprobaron que el propietario de la vivienda había incrementado el precio del alquiler respecto al anterior contrato, una práctica prohibida por la ley, excepto en casos específicos y justificados.

El contrato anterior era de 950 euros en lugar de los 1.200 euros que estaban pagando en el momento de la denuncia. Por ello, exigieron al propietario que les bajara el alquiler al precio que marca la regulación, en este caso el del anterior contrato, tal y como avala la sanción administrativa del Ayuntamiento.

"Nos han ofrecido que nos marchemos si no nos gusta el precio"

"Nos pusimos en contacto con la propiedad y les reclamamos que ajustaran el precio del alquiler a la legalidad, diciéndoles que dejaríamos de pagar la diferencia. Pero nunca han querido reunirse y todo lo que nos han ofrecido es que nos marchemos del piso si no nos gusta el precio", ha añadido. Ante esta situación, los inquilinos decidieron demandar al propietario.

Desde el consistorio han confirmado que se trata de la primera sanción interpuesta a un propietario y han indicado que hay otro expediente incoado y distintos en estudio. A pesar de ello, los inquilinos afirman que el propietario sigue cometiendo más irregularidades, como fingir que era una persona física, cuando realmente es una empresa, para cobrarles los honorarios, que ascendían a 1.600 euros.