Conseguir una mayor seguridad laboral o unas mejores condiciones en el trabajo son algunas de las motivaciones que llevan a muchas personas a decidirse por opositar, al igual que la posibilidad de aspirar a unas remuneraciones más altas, ya que los salarios medios en el sector público son más elevados que en la empresa privada para los mismos niveles de formación.

Los estudios con los que se cuenten, la vocación o los requisitos exigidos son factores que llevan a muchos ciudadanos a decantarse por una opción determinada a la que opositar, además del posible interés en alcanzar un sueldo concreto.

Los grupos existentes

Todo aspirante a trabajar como funcionario debe tener en cuenta que el salario base de estos trabajadores viene determinado por los grupos de funcionarios tipificados. Cada uno de ellos exige una formación previa concreta. Son los siguientes:

-Grupo A (con subgrupos A1 y A2): requiere titulación universitaria.

- Grupo B: requiere un título de técnico superior.

- Grupo C: requiere Bachillerato y el Subgrupo C2, que exige graduado en ESO.

- Grupo E: no requiere titulación.

De esta manera, existe una diferencia en los salarios que viene marcada por la cualificación con la que se cuente. Así, un funcionario del grupo A1 tiene un salario base de 1.200 euros al mes, una cantidad que resulta claramente superior a la que reciben los del grupo E, que es de 650 euros.

No obstante, otro factor a considerar son los complementos, que suponen una serie de cantidades que se añaden al salario base, como son la antigüedad (que se suma cada tres años, en los conocidos como trienios), los complementos específicos y de destino o los relacionados con la productividad.

Los salarios más altos

Los trabajadores que cobran un sueldo público y que reciben un mayor salario son los Inspectores de Hacienda. Estos funcionarios perciben una cantidad que, en función de la antigüedad, oscila entre los 40.000 y 65.000 euros anuales brutos.

Tras estos empleados públicos se sitúan los Abogados del Estado, quienes pueden alcanzar un salario anual de 60.000 euros, y los jueces, fiscales e interventores del Estado, profesionales que pueden llegar a cobrar unos 50.000 euros, como recoge el diario ‘El Economista’.