El Gobierno ha acordado que ampliará hasta el 31 de octubre el “escudo social” recogido en el Real Decreto-ley 8/2021, que incluye la suspensión de los desahucios, la moratoria en el pago de los alquileres y la prohibición del corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a los consumidores vulnerables, medidas aprobadas por primera vez el 30 de marzo de2020 y cuya vigencia finalizaba el próximo 9 de agosto.

También figura la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos y las medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

A ello se suma la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como las medidas urgentes dentro de este ámbito; la flexibilización temporal del uso del fondo de educación y promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos de la pandemia; las medidas especiales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo y la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad realizada para la gestión de la situación de crisis sanitaria.

Cambio de opinión

El anterior titular de Transportes, José Luis Ábalos, anunció el mes pasado que no habría más prórrogas, sino que se aprobaría un nuevo decreto para proteger de manera "estructural" a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta que salga adelante la Ley por el Derecho a la Vivienda. Sin embargo, el Ejecutivo ha cambiado de parecer y ha aceptado la extensión este decreto porque es más amplio abarca más asuntos.

Según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo, la prórroga será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, el último antes del periodo vacacional, “para garantizar la protección social de todos los y las ciudadanas”. El acuerdo se produce tras un trabajo conjunto y coordinado entre todos los ministerios implicados que ha concluido con las conversaciones entre el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra.

Unidas Podemos pedía prorrogar hasta final de año

Belarra, había pedido la ampliación de esas medidas hasta el 31 de diciembre porque consideraba “indispensable” mantener estas medidas con el fin de “garantizar una adecuada protección para el mayor número posible de ciudadanos”, especialmente porque “siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia”, exponían fuentes de esta formación.

Asimismo, la ministra Podemos explicó que se estaba produciendo un incremento de los índices acumulados de incidencia y contagio de la COVID-19, por lo que la pandemia “está lejos de desaparecer” todavía. “Esta situación sin duda va a afectar muy negativamente a la campaña de turismo de verano, en especial respecto a la actividad generada por la llegada de turistas extranjeros, con el consiguiente impacto de índole económico y laboral que ya sabemos”, advertía.