La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó un proyecto de ley con medidas de prevención y de lucha contra el fraude fiscal. Y dentro de las nuevas normas y sus correspondientes sanciones, los autónomos deben andar con ojo porque aquellos que usen programas informáticos prohibidos o sin la certificación podrían ser multados con hasta 150.000 euros.

Esta cifra se alcanzaría en caso de ocultar ingresos y no cumplir con las especificaciones técnicas señaladas, y se tendría que pagar por cada ejercicio económico en el que se hayan producido las ventas ocultadas. Incluye aquí fabricar o comercializar estos programas.

No obstante, en casos en los que simplemente no se hayan actualizado los programas de acuerdo a la nueva certificación y se disponga de ellos, la sanción llegaría a una tercera parte, hasta los 50.000 euros. Se penalizará con 1.000 euros a los “productores, comercializadores y usuarios” por no facturar o llevar la contabilidad con programas debidamente certificados, independientemente de que se demuestre la desviación de ventas.

Los programas de contabilidad prohibidos

Dentro de las iniciativas del Gobierno, en las que se reduce el pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros, de lo más destacado es la prohibición de los softwares de doble uso. Es un hecho que actualmente la tecnología tiene un enorme peso en la contabilidad y los negocios de los autónomos, llevando la gestión con programas informáticos.

El problema que se quiere corregir y controlar es que la mayoría son programas de doble uso, esto es, que permiten que se lleve una doble contabilidad y que se emitan tickets con el importe íntegro de una compra por un lado y por el otro no quede reflejada de manera oficial. Sería como hacer un pago en B por parte del cliente sin saberlo, y se ha utilizado para ocultar ventas al Fisco.

Ante esto, se ha prohibido el uso de este software mediante un sistema de vigilancia, obligando a los autónomos a disponer de una certificación otorgada por el Ministerio de Hacienda para poder usar los programas. Así, se considera infracción tributaria la fabricación, producción, comercialización e incluso simple tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

Hacienda estima que 200.000 millones de euros se ocultan al Fisco a través de estos programas desviando a una caja B los ingresos y ventas reales de los negocios, evadiendo impuestos como el IVA y Sociedades.

Otras medidas destacadas

Se da respaldo legal a la realización de visitas sorpresa, es decir, pasaría a ser legítima y supondría que el Fisco pueda entrar en algunos negocios en los que se puedan destruir pruebas, sin notificación previa.

También se ha impuesto un nuevo régimen transitorio en materia de recargos y sanciones, afectando a los trabajadores por cuenta propia que lleguen a sobrepasar la fecha límite de presentación y abono de sus autoliquidaciones de impuestos. El recargo pasará a ser del 1% junto a otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con respecto al plazo establecido.