La reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno para esta legislatura podría aplazarse finalmente hasta más allá de 2023. De esta manera la fecha recogida en el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia para estas modificaciones podría verse alterada si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia.

"La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica", ha explicado este lunes en rueda de prensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha aclarado que “si la recuperación se viera frenada hablaríamos con Bruselas para revisar el cronograma”.

"No hay compromiso de cifras"

Como informa el diario El País, el Gobierno español calcula que la mayor parte de las medidas de la reforma fiscal se apliquen en 2023, una vez el PIB haya recuperado el nivel anterior al de la crisis creada por la pandemia del coronavirus y tras las conclusiones del comité de expertos.

"No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido ningún compromiso de cifras hasta no ver las conclusiones de los expertos", ha aclarado María Jesús Montero, quien ha explicado que el objetivo es reducir de manera paulatina la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España con la media de la zona euro.

Montero asegura que no afectará a la clase media

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo ha insistido en su comparecencia que la clase media o trabajadora no se verá afectada “en ningún caso” por la subida de impuestos. “Entendemos que la clase media proporcionalmente paga más impuestos respecto a patrimonios más altos", ha explicado.

Sin embargo, y como recoge la agencia Europa Press, Montero ha reconocido que en lo referido a algunos impuestos, como los relacionados con la fiscalidad verde o la salud (en el caso del impuesto a bebidas azucaradas), sí que afecta a la clase media y trabajadora aunque no persigan un afán recaudatorio.