El final del estado de alarma era motivo de preocupación para muchos, entre ellos algunas comunidades autónomas que requerían una ampliación para tener un sustento sobre el que mantener las actuales medidas sanitarias. Abiertos a una ampliación desde el inicio, finalmente el estado de alarma concluirá el día 9 de este mes. Así lo ha confirmado la ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, quien ha expuesto el plan a seguir para después del mencionado día.

En una comparecencia junto con la portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, ha informado del Real Decreto-Ley que entrará en vigor cuando concluya el estado de alarma. "Este Real Decreto-Ley lo presentamos los 9 ministerios y entrará en vigor al minuto siguiente de las cero horas del día 9. Consideramos que la legislación sanitaria, especialmente la de 1986 y la de 2011, dotan a las comunidades de instrumentos para que, en cualquier caso, se pueda dar respuesta a situaciones que sean necesarias. Son las leyes ordinarias de nuestro país, que pueden plantear limitación de derechos fundamentales y libertades públicas". En la misma, se ha anunciado la imposición de la medalla al mérito civil para David Beriain y Roberto Fraile, periodistas asesinados en Burkina Faso.

"El Gobierno, siempre responsable de su posición, ha venido trabajando para tener una respuesta a partir del día 9 en que salimos del estado de alarma, pero desgraciadamente no de la pandemia. Continúa, pero en unas condiciones muy diferentes, afortunadamente tenemos mejores datos y mejores noticias. Tenemos que trabajar en coordinación con las comunidades, y bajo el criterio de los expertos. Debemos continuar esta senda que nos permita doblegar esta situación", ha señalado Calvo.

Las medidas a aplicar

En su intervención, Carmen Calvo ha señalado que entrarán en vigor una serie de medidas, a pesar de la caída del estado de alarma. "Se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos y libertades públicas. En tiempo récord el tribunal supremo puede dictar la última palabra y ofrecer seguridad jurídica".

Así, en el momento en que acabe el estado de alarma el Gobierno establecerá varias medidas que afectan a varios ámbitos, la mayoría de carácter social. Estas serán prorrogadas durante tres meses más. En lo referente al control de la pandemia, se controlará la entrada de pasajeros internacionales, especialmente cuyo origen sea de países donde se hayan detectado variantes preocupantes. En ese aspecto, Montero ha confirmado la séptima prórroga de las medidas vigentes con los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica: estará en vigor hasta el 25 de mayo.

Se determina, también, la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, como informó el presidente Pedro Sánchez en su última comparecencia ante los medios. Junto a esta, la garantía de suministro de agua, energía y el bono social de la electricidad. También se extiende la cobertura reforzada a las mujeres víctimas de violencia de género. Tras la declaración del estado de alarma, el Ejecutivo articuló medidas para garantizar su protección, pues entonces con el confinamiento no podían separarse de sus agresores.

Respecto a la materia sanitaria, se mantienen las ayudas a la jubilación a aquellos profesionales que volvieron a la actividad para ayudar contra la pandemia. "Han sido movilizados por las comunidades, han hecho un trabajo extraordinario".

Paso a una antigua normalidad con el Tribunal Supremo

"El Gobierno deroga el artículo 116 (de alarma, excepción y sitio). No son estados previstos para permanecer mucho tiempo. El Gobierno asumió hace más de un año un estado de alarma muy riguroso. Ahora consideramos, como hacen otros países, que tenemos que seguir transitando hacia otros escenarios con otras condiciones. Queremos estar en criterio de eficacia, proporcionalidad jurídica transparencia y eficiencia", ha confirmado Calvo.

"Este real decreto nos coloca en un paraguas de protección por parte del Tribunal Supremo. Hemos de esta tranquilos, los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas. Contempla el soporte legal para mantener algunas medidas, muchas necesitaban de este soporte. Medidas de protección excepcional en materia socioeconómica, que se van a mantener tres meses, hasta el 9 de agosto. Están explicitadas en el texto, con elementos como el bono social, la posibilidad de las medidas protectoras en materia de vivienda y pobreza energética, o la obligación de rehacer las reuniones de las comunidades de propietarios. Hemos ido coordinando entre los ministerios aquellas que necesitaban del soporte".

Por tanto, las medidas que propongan las comunidades deberán ser validadas por el Tribunal Supremo. "Es evidente que las comunidades pueden proponer, argumentar y decidir a los tribunales situaciones como los toques de queda, pero están sometidas a la autorización judicial. Para que todas las autonomías puedan, con los mismos elementos de juicio proponer a los tribunales, se da lugar a que sea el Supremo el que decida y unifique por todos y para todos".