Si hay una cosa clara dentro del Gobierno es lo que sucederá a partir del próximo 9 de mayo, el fin del estado de alarma. Tanto Carolina Darias, ministra de Sanidad, como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se han encargado de repetirlo en sucesivas ocasiones, y ahora ha sido María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, la que ha vuelto a repetirlo.

“El objetivo es que tras el 9 de mayo no sea necesaria la prórroga del estado de alarma. Lo prioritario es que las autonomías sigan concentradas en cómo aceleran el proceso de vacunación”, ha afirmado.

Esta reafirmación llega después de las críticas y peticiones de diferentes partidos políticos o presidentes autonómicos reclamando mayor seguridad jurídica y que haya algo alternativo una vez finalice el Real Decreto que está en vigor y que próximamente dejará de estarlo.

Todas las resoluciones, para las comunidades autónomas

La ministra de Hacienda ha sostenido que las comunidades autónomas tienen todas las herramientas necesarias para contener la pandemia, entre las cuales no se incluyen la posibilidad de limitar la movilidad o las reuniones, ya que esto supone limitar derechos fundamentales y eso, con carácter general, solo se puede hacer bajo “la declaración del estado de alarma”.

Por tanto, las medidas que se puedan tomar a partir del 9 de mayo dependerán de las resoluciones del Consejo Interterritorial de Sanidad, las cuales, en palabras de Montero, son de “obligado cumplimiento” y del “refrendo de los jueces”. “Los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no parece conveniente incorporarlo a las leyes ordinarias de las CCAA, no se trata de algo ordinario, ni normalizado, sino extraordinariamente excepcional, que se tiene que decidir por el Gobierno de España con el refrendo del poder legislativo”.

Esto deja en el aire la posibilidad de imponer cierres perimetrales por comunidades. Al ser preguntada sobre si en el Consejo Interterritorial se podrán acordar medidas de este tipo, ha preferido no aportar ya información. “Sería muy osada si me anticipo”, ha afirmado, razonando que dependerá de los datos de incidencia y entonces se pronunciará.

Acusa al Partido Popular de estar “enredando”

Una de las formaciones políticas que más se está movilizando en contra de la situación jurídica en la que puede quedar el país es el Partido Popular. Estos han reclamado un plan B jurídico basado en la legislación ordinaria, cosa que Montero ya explicado que se ha rechazado.

Pero no ha quedado todo ahí, y es que ha pedido al Partido Popular, y en concreto a Pablo Casado, que se pongan antes de acuerdo entre ellos. Además el PP pide la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos, algo que desde el Gobierno no consideran necesaria ni la contemplan a corto plazo.

Montero ha reprochado al PP que votara en el Congreso en contra de la prórroga del estado de alarma con datos epidemiológicos “similares o superiores a los que tenemos en la actualidad” y que argumentaran que el Ejecutivo estaba “restringiendo la libertad de los ciudadanos”. Sobre todo porque ahora han adoptado una posición contraria, a pesar de unas declaraciones de Javier Maroto, portavoz popular en el Senado, afirmando que no iban a aprobar la prórroga: “Hay días que lo piden, presidentes [autonómicos del PP] que lo piden, otros que no... el PP, si me permite, está enredando y no sabe ni lo que quiere”.