El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una investigación contra las bodegas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro. El motivo se debe a las sospechas de que comercializaban como crianzas, reservas y grandes reservas, vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella".

La causa se ha abierto a instancias de la Fiscalía, que ha presentado una denuncia en la que se pone de manifiesto cómo las etiquetas de las botellas afirman que su contenido es vino "reserva o gran reserva" y dicha especificación es una información "relevante y engañosa" sobre las características del producto.

Publicidad engañosa, estafa y falsedad documental

Según la acusación, las botellas "se han elaborado sin haber respetado los tiempos de envejecimiento en barrica que señala el pliego de condiciones". Por ello, Calama indagará para saber si estas empresas han cometido posibles delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

Además, el magistrado ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que abran diligencias con el fin de seguir con la investigación y conocer en profundidad las ventas de las bodegas entre los años 2010 y 2019.  En este sentido, quiere saber con detalle las categorías de los productos vendidos, la cantidad de botellas y los precios de compraventa. 

Sin declarar las cantidades reales

El auto también subraya que no toda la actividad era ilegal, puesto que se trata de compañías que "vienen operando en el sector vinícola desde hace años, y el propio relato de hechos punibles sitúa a las mismas en una actividad empresarial importante y lícita, compaginándose la actividad legal con la delictiva".

La acción punible, según Calama, se habría manifestado "en la puesta en el mercado de cantidades de vino con Denominación de Origen Protegido (DOP) Valdepeñas por encima de las declaradas al correspondiente Consejo Regulador, sin cumplir las condiciones de elaboración que tal denominación requiere y, por tanto, no respondiendo a la calidad dispuesta en el propio etiquetado del vino embotellado".

El juez personaliza en el auto en cada caso para explicar cómo se concreta la actividad en cada bodega y subraya que los hechos relatados en la denuncia están avalados por la existencia de expedientes sancionadores por parte de la Consejería de Agricultura.

Falta de trazabilidad

"En efecto, el hecho de que las bodegas declaren a la administración autonómica una cantidad de vino vendida a los clientes y que estos declaren cantidades diferentes, muy superiores a los declarados por las bodegas, supone un indicio de falta de trazabilidad del vino, así como de irregularidades en la comercialización", reza el auto.