El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de marzo un paquete de ayudas extraordinarias para los trabajadores autónomos y pymes afectadas por la pandemia del coronavirus. Para ello, el Ejecutivo destinó 11.000 millones de euros con el objetivo de paliar los efectos económicos producidos tras el cierre de los negocios como parte de las medidas para frenar la transmisión del virus.

Para poder acceder a las ayudas es necesario certificar un descenso de los ingresos del 30% respecto a 2019, tener el domicilio fiscal en España y estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Además, las empresas no pueden aumentar el sueldo de los directivos en dos años y están obligadas a mantener su actividad económica hasta 2022.

Sin embargo, no todos los trabajadores de todos los sectores podrán recibir esta ayuda, según expone el Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Según el documento, las personas trabajadoras en peluquerías, centros de estética, centros de educación medioambiental, jugueterías o artesanos, entre otros gremios de trabajo, no tendrán derecho a ser partícipes de estas subvenciones.

Reclamación de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos

Por ello, la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido al Ejecutivo que incluya a los gremios que no han sido tenidos en cuenta desde el primer momento. “Los sectores que se han quedado fuera han podido sobrevivir y mantener sus negocios abiertos gracias a los préstamos esperando recibir una ayuda del Estado. Y ahora, se les prohíbe solicitarlas”, ha declarado el presidente de la UPTA, Eduardo Abad.

Entre las actividades excluidas, según la UPTA, hay varias que no han podido facturar “un solo euro” en el último año. “¿Cuál es la diferencia entre un centro de formación no reglada y una empresa de actividades de mantenimiento físico? No se puede discriminar a los trabajadores”, ha añadido.

Abad ha lamentado la discriminación sufrida por los profesionales de unos sectores que, “además de generar empleo, son la base de la supervivencia económica de muchas familias”.