A pesar de que muchos madrileños han disfrutado de la histórica nevada caía en la capital, lo cierto es que sus consecuencias están siendo muy graves. Tanto que el Gobierno municipal se plantea declarar Madrid como zona catastrófica. “Valoramos ese estado, es una de las opciones que manejamos como medio y manera de controlar esta situación”, ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras la reunión extraordinaria mantenida esta mañana para analizar, por áreas, los daños causados por la nevada asociada a la borrasca Filomena.

Es una decisión que se tomará en los “próximos días”, según ha apuntado Almeida, porque antes debe evaluarse si, desde el punto de vista jurídico, procede y cuáles son los requisitos. Asimismo, hay que comprobar, desde el punto de vista táctico, si se dan los supuestos necesarios.

Por otra parte, aunque ha agradecido la ayuda ofrecida hasta el momento y ha destacado el trabajo de los militares desde que comenzó el temporal, el edil ha solicitado al Ministerio de Defensa más efectivos, ya que considera que estas horas entre que dejó de nevar en la tarde del sábado y la helada que se espera la próxima madrugada “son fundamentales para actuar”.

¿Quién declara una zona catastrófica?

Ante una emergencia de protección civil que obliga a suspender las labores normales y a adoptar una actitud preventiva de defensa, como está sucediendo con el temporal de nieve, una administración pública puede pedir a un Ministerio que declare un espacio zona catastrófica. Después, el Consejo de Ministros decide si aprueba o no la declaración en función de los daños personales y materiales sufridos, detallados en un informe por la administración que solicita la declaración.

¿Qué implica declarar una zona catastrófica?

Con la declaración de una zona catastrófica, el Gobierno central puede aplicar diversas medidas, como ayudas a particulares por daños personales o en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad. También contempla, entre otras cosas, prestaciones a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, subvenciones para infraestructuras, ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y marinas, además de préstamos blandos o medidas fiscales, laborales o relacionadas con la Seguridad Social.