Uno de los aspectos más polémicos de la LOMLOE o ‘ley Celaá’, aprobada este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados, es la eliminación del castellano como lengua vehicular de toda la enseñanza en España. Según explica la Real Academia Española (RAE), ‘lengua vehicular’ es aquella “lengua usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diferencias lenguas maternas entre sus miembros”. Este concepto viene regulado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que señala que la lengua vehicular debe ser el castellano.

En definitiva, esta expresión se refiere al idioma que se usa para enseñar a los alumnos. No se trata de la lengua o lenguas que se enseñan, sino de la que se utiliza para explicar tanto materias lingüísticas como no lingüísticas. Asimismo, es la lengua empleada para comunicarse dentro de la comunidad educativa. 

Ahora deciden las comunidades

Al ser el castellano la lengua vehicular en España, se le daba prioridad en los centros educativos de todo el país a la hora de enseñar todas las materias. Con el cambio de normativa, las comunidades autónomas podrán decidir el idioma empleado en la enseñanza del territorio, garantizando el derecho de los alumnos a recibir clases tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales. Aparece también la oportunidad para los gobiernos autonómicos de imponer lenguas que ni siquiera tienen la consideración de oficial. “Aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora”, se recoge en el texto.

Críticas

Esta medida ha suscitado una gran controversia y ha sido criticada duramente por algunos políticos. El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ve “ridículo” limitar el uso del español. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, ha tildado la medida de “atentado contra los derechos lingüísticos de todos los españoles”. En el mundo de la literatura, también se ha manifestado en contra de esta medida el escritor Mario Vargas Llosa, que expresó este miércoles durante la presentación de uno de sus libros que la supresión del español como lengua vehicular es una “idiotez sin límites”.

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, se defendió de las críticas alegando que las leyes de educación no recogieron el español como lengua vehicular hasta el 2013: “Con gobiernos de UCD, con gobiernos del PP y del PSOE. Si hasta el 2013 no era vehicular y hubo presidentes del Gobierno que no lo pusieron será porque no era necesario”.

Asimismo, la ministra aseguró que la aparición o desaparición de esta referencia no va a cambiar nada en cuanto al uso del castellano en la enseñanza. Insistió en que esto no va a suponer la desaparición del castellano en las aulas, sino que el objetivo es que los estudiantes aprendan por igual el castellano y su lengua cooficial: “El sistema educativo debe asegurar que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas tengan un dominio pleno en la lengua castellana, en las otras lenguas oficiales donde lo sean, y en, al menos, un idioma extranjero, deseablemente dos”.