El silencio administrativo es un mecanismo creado ante el incumplimiento de la Administración Pública de su obligación a responder a las solicitudes realizadas por particulares. Gracias a este instrumento, la ciudadanía puede saber cómo actuar en caso de no haber recibido respuesta tras un periodo determinado de tiempo.

Cuando se presenta una solicitud para cualquier tipo de trámite en la Administración Pública, se estima como plazo de respuesta aproximado en tres meses. Según la ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones han de publicar obligatoriamente cuáles son los plazos para resolver la solicitud y en qué sentido se dirige el silencio, ya que este puede ser positivo o negativo.

Silencio administrativo positivo

Significa que la ausencia de respuesta por parte de la Administración una vez concluido el plazo previsto debe ser tomada como un “sí”. El silencio administrativo positivo es el mayoritario.

Una vez transcurrido el tiempo sin que la Administración haya resuelto el caso, no podrá resolverlo de forma negativa. Es una manera de “castigar” la ineficiencia del ente público a la hora de tramitar la solicitud.

Silencio administrativo negativo

Significa que la ausencia de respuesta por parte de la Administración una vez concluido el plazo previsto debe ser tomada como un “no”.

Ante este silencio, el particular puede decidir entre interponer un recurso en vía administrativa o ante el tribunal contencioso administrativo o, en su defecto, esperar, ya que es obligatorio que la Administración responda a la solicitud y aún podría responder de forma afirmativa.

Este tipo de silencio se incluye en algunos casos, como el ejercicio de actividades que dañen el medio ambiente, procedimientos de responsabilidad patrimonial o en los procedimientos donde se “transfieran al solicitante facultades relativas al dominio público o servicio público”.

Ingreso Mínimo Vital

En el procedimiento del Ingreso Mínimo Vital está estipulado el silencio administrativo negativo desde los tres meses posteriores a la presentación de la solicitud. Sin embargo, ante la gran cantidad de expedientes abiertos (900.000), el Gobierno ha decidido ampliar el plazo hasta los seis meses, ya que eran muchas las personas que se acercaban a este límite sin haber obtenido respuesta alguna.

“Nadie que haya presentado una solicitud del Ingreso Mínimo Vital tendrá que preocuparse porque su petición se desestime en las próximas semanas. Se va a ampliar el plazo de tres meses de resolución”, reza el comunicado del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Por lo tanto, la ausencia de respuesta tras pasar tres meses desde la presentación de la solicitud no supondrá nada. Tendrán que pasar seis meses para que pueda entenderse el silencio administrativo como un rechazo a la petición.