El teletrabajo ha llegado para quedarse. La pandemia del coronavirus ha acelerado esta modalidad de trabajo no presencial y el Gobierno y los agentes sociales ultiman una ley que regule el trabajo a distancia. Este martes se reúnen ambas partes para pactar esa ley y según adelanta la Cadena Ser, que ha tenido acceso al documento, el texto habla del “20% de la jornada en tres meses”, es decir, el trabajador realizaría al menos su labor un día a la semana desde su domicilio. En este sentido, tanto Gobierno, como patronal y sindicatos, coinciden en que se debe evitar que todos los empleados elijan el viernes, para no caer en el efecto “viernes en casa”.

La nueva ley del teletrabajo, además, establece que la empresa deberá notificar a la oficina de empleo los acuerdos referentes al teletrabajo que se hayan adoptado “en un plazo no superior a 10 días desde que se formalicen”. En esa comunicación, la empresa debe detallar:

• El inventario de medios que se entregan al trabajador, así como su vida útil.
• Una enumeración de gastos en que pueda incurrir el trabajador y que correrán a cargo de la compañía.
• Un horario de trabajo y de disponibilidad.
• Un reparto explícito de días trabajados dentro y fuera de la empresa.

Asimismo, la nueva ley reconocerá a las empresas el derecho a controlar la jornada de su empleado, pudiendo “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes laborales”, pero siempre deberán asegurar la “dignidad” del trabajador en esas medidas de control.

Al mismo tiempo, los trabajadores verán blindado su derecho a la desconexión y a no usar sus propios ordenadores o teléfonos móviles, ya que el texto indica que “la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora”.

Personal laboral de las administraciones públicas

Esta nueva ley de teletrabajo se encuentra en su fase final, pero tiene que salvar un último escollo que podría evitar que se firmara este martes. El Gobierno no contempla que estas medidas sean aplicadas al llamado “personal laboral” de las administraciones públicas, pero los empresarios sí solicitan que éstos se sometan a las mismas condiciones que los trabajadores de empresas privadas, para evitar así perder “competitividad”. Por su parte, los sindicatos piden “equidad” y que ese personal laboral también pueda teletrabajar.

Se salve o no este escollo, el Gobierno pretende que esta ley se aplique despacio y de forma gradual. De hecho, el documento al que ha tenido acceso la emisora de radio apunta que la norma sólo será de aplicación íntegra una vez transcurridos tres años desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).