Una asociación pide un permiso para atender a los niños que no puedan ir al colegio
Petra Maternidades Feministas solicita al Gobierno que no sean únicamente las mujeres las que se encarguen de cuidar a los menores en esta situación.
La asociación Petra Maternidades Feministas ha solicitado al Gobierno que ponga en marcha un permiso universal retribuido que facilite que los padres y las madres atiendan a los niños que no acudan al colegio de manera presencial o que estén en cuarentena obligatoria por algún caso de COVID-19 en el centro. Se trataría de un permiso remunerado del Estado, con el que los progenitores podrían hacerse cargo de los menores de manera exclusiva, y que tiene también el objetivo de que el cuidado no sea responsabilidad exclusiva de las mujeres, que tienen un riesgo adicional de poner en peligro sus empleos y de sufrir un empobrecimiento a largo plazo.
“No queremos que vuelva a recaer sobre nuestras espaldas la ausencia de medidas de las administraciones. Tampoco queremos que recaiga sobre las personas que están en situación de riesgo, abuelas y abuelos, ni sobre otras mujeres en situación laboral más precaria”, afirma Petra Maternidades Feministas en un comunicado. La asociación considera que no existen medidas suficientes para garantizar un buen regreso a las aulas, y quieren evitar que las consecuencias recaigan en los padres y tengan consecuencias negativas para ellos. La vuelta al colegio debería producirse, según la organización, con unas medidas seguras que tengan en cuenta tanto las necesidades físicas y emocionales de la infancia como las demandas de las familias y del profesorado.
Educación deja en manos de las comunidades la vuelta al colegio
A la espera de la reunión que mantendrán el jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos, el Ministerio de Educación volvió a transmitir este lunes a las comunidades que deben ser ellas las que decidan si mantienen o retrasan la fecha del inicio del curso. Según aprobó Educación, el comienzo del curso será entre el 4 y el 15 de septiembre, en función de cada comunidad, y el protocolo sigue vigente.
El departamento dirigido por Celaá quiso salir así al paso de las críticas recibidas por parte de algunas autonomías y del Partido Popular, que pidieron a la ministra que asumiera una posición más activa y dirigente ante el comienzo del curso. Los sindicatos también están descontentos, y demandan decisiones claras y homogéneas que puedan contribuir a calmar los ánimos.