La pesadilla de un médico en la cárcel tras morir un paciente con coronavirus: "Él es inocente"
La mujer de Grajal, que se encuentra detenido defiende la inocencia de su marido mientras centenares de compañeros se manifestaron exigiendo su libertad.
“Estoy detenido. Dile a mi papá que venga a la dirección que te voy a enviar y consígueme un abogado”. Estas son las palabras que escuchó Fernanda Ochoa al otro lado del teléfono el 25 de julio en el estado de Chiapas, al sureste de México, según recoge El País. Resulta que su marido, el médico Gerardo Grajales había sido encarcelado por abuso de autoridad. “Fue sorprendente para ambos”, cuenta Ochoa nerviosa. Vivo una pesadilla. Pido a las autoridades que investiguen bien, porque mi esposo es inocente”, suplica.
Ochoa, de 27 años, se encuentra especialmente preocupada por la enfermedad del corazón que padece su marido con apenas 41 años: “Su cardiólogo le dijo que no puede estar sometido a situaciones de estrés. En 2016 tuvo una crisis, le dan escalofríos, le sudan las manos, le duele el pecho y le sube la presión arterial”. Una inquietud que crece por no haber podido ver a Grajal desde que fue detenido, ya que las visitas a la prisión están restringidas debido a la pandemia.
Denunciado por la hija de un influyente político
Grajales es el jefe de Urgencias del Hospital de Especialidades Vida Mejor, del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores (ISSTECH), situado en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado, y era el encargado del área de COVID-19. El caso implica la hija de Miguel Arturo Ramírez López un influyente político local que murió en este hospital por coronavirus. Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex diputado local, acusó de negligencia a Grajales y le denunció por abuso de autoridad, alegando que el médico le pidió equipo y medicamentos a cambio de tratar a su padre. La Fiscalía aceptó la demanda y ordenó de inmediato su arresto.
Pocas pruebas
Pese a la gravedad de las acusaciones, la mujer del médico ha hallado un halo de luz en las palabras de los abogados a los que ha consultado. En la conversación con El País, Ochoa explica que todos le han dicho que las pruebas contra su marido son débiles, por lo que es posible que sea liberado, aunque el 30 de julio el juez local Carlos Morales Urbina admitiera el proceso contra Grajales: “Los abogados me dicen que la acusación no tiene fundamento, que no está sustentada. Esto debe ser un malentendido. Es sorprendente lo que ha pasado, no me lo puedo creer. Hay algo que las autoridades no están viendo, mi esposo es inocente”. “Quiero que mi esposo regrese a casa para que conviva con nuestro bebé de seis meses. Somos una familia tranquila. Esto se una pesadilla y solo quiero que acabe ya”, sentencia.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció en un comunicado que recibió el testimonio de un familiar de Grajales que afirmaba el médico estaba siendo víctima de unas posibles violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Por ello, su titular, Rosario Piedra Ibarra, ordenó iniciar la investigación de oficio. También incitó a las autoridades involucradas en el caso a “que sus acciones sean apegadas a derecho, respetuosas de sus prerrogativas esenciales y se conceda, en el caso, el pleno ejercicio del derecho al debido proceso”.
Indignación social
La detención de Grajal generó un gran enfado entre sus colegas y pacientes. De hecho, Ochoa cuenta que no dejaba de recibir llamadas de compañeros y pacientes que querían mostrarle su apoyo. “Mi esposo no es político. Es un médico al que le apasiona su trabajo. Se sentía feliz al ver salir adelante a sus pacientes que padecían COVID-19. Estaba orgulloso porque su hospital era el que había tenido mejores resultados frente a la pandemia en Chiapas”, asegura. Además, al día siguiente de ser detenido, más de 500 médicos, enfermeras y personal sanitario de varios hospitales de Chiapas se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir la libertad del urgenciólogo.
Aseguraron que la decisión del juez del control del centro penitenciario “El Canelo”, es una decisión arbitraria, ya que el médico no cometió un delito grave. Issel Gutiérrez, presidente del Colegio de Pediatría en el estado, recordó que hace año y medio, cuando Rutilio Escandón Cadenas llegó al mando del estado, prometió apoyar con todo a la base trabajadora de salud. “Por eso nos molesta e indigna que, por dar una receta para salvar una vida, los compañeros como el doctor Yuca se vayan a la cárcel. Un médico no está preparado para matar”, señaló.