Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se ha conocido este jueves obliga a los bancos a devolver a los consumidores todo el dinero que hayan pagado en concepto de gastos de hipoteca a raíz de una cláusula abusiva que se haya declarado nula. Esta decisión judicial, de la que podrían beneficiarse hasta 8 millones de personas en España, apoya las reclamaciones sucesivas de los consumidores gracias a la Directiva 93/13/CEE, que protege el desequilibrio entre el profesional y el consumidor. La única excepción a esta sentencia se produce en el caso de que el derecho de cada país imponga el pago de la totalidad o de una parte de estos gastos al consumidor.

Entre los cargos que a partir de esta sentencia deberán devolverse a los consumidores, se encuentran el pago al notario o al registrador de la propiedad, gastos de gestoría, tasación e impuestos, o la comisión de apertura. El único cargo que el consumidor deberá seguir pagando es el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. El TJUE exime también al consumidor de abonar las costas judiciales en los procesos sobre cláusulas abusivas.

Esta decisión del TJUE desautoriza la posición del Tribunal Supremo, que había establecido en 2015 que el dinero debía devolverse tanto a prestamistas como a prestatarios. Recientemente, dos magistradas del Alto Tribunal habían planteado 15 cuestiones prejudiciales, y a ellas, la corte europea responde que el juez nacional no puede negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de una cláusula abusiva.

Cómo se solicita

Para poder obtener esta devolución, el primer paso es presentar una reclamación extrajudicial ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad bancaria. Como documentación, habrá que facilitar la copia de la escritura del préstamo, así como las facturas y los abonos de los gastos hipotecarios. Una vez se haya presentado esta petición, el banco tendrá dos meses para responder.

Si el fallo no es a favor del consumidor, este puede presentar una nueva reclamación, esta vez ante el Banco de España, y finalmente, si siguen sin darle la razón, puede acudir a los tribunales.