El Consejo de Ministros de este martes dio luz verde al anteproyecto de la ley que pretende combatir la violencia infantil en España. El enfoque de la norma será "integral", pondrá el acento en "la prevención" y tratará de establece "un paradigma de protección común", con "barreras de prevención más amplias", aseguró Pablo Iglesias tras la reunión del ejecutivo.

El vicepresidente segundo del Gobierno dio cifras del problema que pretende abordar el anteproyecto. Habló de "38.000 menores de edad víctimas de algún ilícito penal" o "un 9,3% de alumnos que declaran haber sufrido algún tipo de acoso según Save the Children" durante 2018 en nuestro país.

La ley intervendrá en el ámbito educativo, el preventivo, o el de los servicios sociales. Establecerá el deber de cualquier ciudadano de comunicar a las autoridades de manera inmediata cualquier indicio de violencia sufrida por niños y niñas, incluso cuando esta violencia emane de un pariente directo. En los centros educativos y las asociaciones deportivas o de ocio habrá una nueva figura, la del coordinador de bienestar y protección.

Se formará a todos los profesionales que tengan contacto con menores, incluidos policías, jueces y fiscales, de forma específica. Se habilitará un canal de denuncias a través de la Agencia Española de Protección de Datos y se fomentará la rápida retirada de internet de todos los contenidos que atenten contra los menores. Los menores tutelados tendrán una atención especial y se actuará también en el ámbito de la publicidad, controlando que no haya campañas con contenidos sexistas, transfóbicos...

Los plazos de prescripción no correrán hasta los 30 años

En cuanto al ámbito penal, una novedad importante es que los plazos de prescripción de los delitos contra la infancia no empezarán a correr hasta que la víctima cumpla 30 años y será prioritaria la retirada de la patria potestad a quienes cometan un delito contra otra persona con la que tienen uno o varios hijos en común. Además, se incluirán nuevos tipos penales de delitos de odio y se evitará que las víctimas tengan que declarar repetidamente en sede judicial para no causarles perjuicios añadidos.

Iglesias quiso pedir "perdón" en nombre de los poderes públicos "a las víctimas" para las que esta normativa "haya llegado tarde". Recalcó que era una prioridad del ejecutivo y que la pandemia ha retrasado su elaboración, Para el vicepresidente afronta el problema de la violencia contra la infancia "como un problema social, no del ámbito privado". Próximamente llegará al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, cuando los distintos partidos debatirán el texto y propondrán enmiendas.