El Gobierno sigue avanzando en la configuración de la renta mínima vital. Un punto acordado entre PSOE y Unidas Podemos el pasado mes de diciembre y que se rubricará en el último Consejo de Ministros de mayo, donde ya sólo faltan pulir los detalles. 

Varios aspectos ya están consensuados. El importe será de 462 euros por persona, con un máximo de 1.015 para una unidad familiar, lo equivalente a dos individuos completos más 91 euros de una tercera persona. Pero según ha adelantado eldiario.es, también se han perfilado otros dos aspectos para el acuerdo que se firmará a finales de este mes. Una es que la obtención de la ayuda no estará vinculada a la búsqueda activa de empleo, una materia que seguirá en manos de las comunidades autónomas a través de las políticas activas.

Sin fecha decidida para empezar a cobrarse

El otro es que la primera vivienda quedará exenta del cómputo de bienes y patrimonio con el que se decidirá la concesión de la renta mínima vital para las familias más desfavorecidas. Todavía no se ha hecho público quién será el encargado de gestionar esta renta mínima vital cuyo objetivo es que sirva de refuerzo para aquellos hogares más vulnerables, de inicio unos 100.000, y que aparentemente irá a más con la crisis económica que arrastra la pandemia provocada por el coronavirus.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no ha concretado cuándo podrá empezar a cobrarse, pero ha asegurado en Radio Nacional de España (RNE) que el Gobierno trabaja para poder identificar “con bastante rapidez” los primeros hogares que podrían beneficiarse de la medida. Una ley que supondrá un gasto de entre 3.000 y 3.500 millones de euros y que se cobrará mensualmente.