El Consejo de Ministros aprobó este martes el acuerdo entre Gobierno, sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y patronales (CEOE y Cepyme) para prolongar los ERTE más allá del 30 de junio. "La normativa también se tiene que ir ajustando a esta nueva etapa", aseguró María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del ejecutivo, que cifró los beneficiarios de prestaciones por desempleo en "algo más de 5,2 millones, de los que en torno a 3 han sufrido un ERTE por causa de fuerza mayor".

El pacto final (detallado aquí) incluirá una nueva figura: "un ERTE de fuerza mayor parcial que permitirá a las empresas ir recuperando a parte de su plantilla mientras mantiene otra con el contrato suspendido". El objetivo es que esto no sea "gravoso" para las empresas y por eso se mantienen las exoneraciones en cuotas de la Seguridad Social, con porcentajes reducidos desde ahora hasta el 30 de julio. También se examinará la prohibición temporal de despidos permanentes y se permitirá en algunos casos, lo que ha falicitado el visto bueno de las patronales. Como ya se informó cuando salió a la luz el principio de acuerdo, las compañías que repartan dividendos tendrán que devolver las cantidades ahorradas con esas exoneraciones y no tendrán acceso a la medida aquellas que estén radicadas en paraísos fiscales. La medida podrá ser prorrogada posteriormente si así lo decide una "comisión tripartita" encargada de su seguimiento. 

El Consejo de Ministros dió luz verde también a una modificación de la regulación fiscal para adecuarla a la normativa europea contra el fraude y evitar "prácticas ilegales y abusivas" en estos momentos complicados. En la lucha contra la violencia machista, Montero anunció un plan dotado con 100 millones para ayudar a las comunidades autónomas en la asistencia a las mujeres vulnerables, el apoyo psicológico a las mismas y a los hijos en encuentros familiares y el refuerzo en la valoración forense de los casos. En el ámbito de la familia, el Gobierno planea presentan en esta legislatura " una ley para defender las diferentes estructuras familiares".

Junto a Montero compareció el titular de Sanidad, Salvador Illa, que lanzó un mensaje de ánimo a los enfermeros en el Día Internacional de la Enfermería: "Han sido clave". Illa afirmó que los datos de la epidemia siguen avalando "las medidas de alivio" y que esperan esta semana nuevas solicitudes de cambios de fase por parte de las comunidades autónomas para las provincias que aún permanecen en la etapa 0 del plan de desescalada. "Estudiaremos las propuestas con los técnicos de salud pública de cada comunidad, con los criterios de co-gobernanza, sin perder la cautela"", aseguró en ese sentido.

El ministro desgranó la nueva medida que prohíbe la entrada en territorio nacional de extranjeros entre el 15 y el 24 de mayo. Las únicas excepciones contempladas serán las de "trabajadores transfronterizos, personas que aleguen cuidado de personas mayores" o aquellas que pretendan entrar "por motivos de trabajo o causa mayor". También las tripulaciones de los aviones. "Quien entre a España tendrá que hacer una cuarentena y sólo podrá salir a comprar comida, ir a centros médicos o por causas de fuerza mayor, siempre con mascarillas y con las indiciones de las autoridades sanitarias", explicó.El objetivo, "evitar casos importados". La obligación de esa cuarentena se mantendrá "durante todo el estado de alarma" y se realizará en el lugar en el que los visitantes "pensaban estar".

En esta nueva fase de la desescalada será fundamental "un buen mecanismo de detección precoz" y las comunidades autónomas, que están adaptando sus sistemas de vigilancia para poder controlar mejor la transmisión del virus, tendrán que dar a Sanidad, según Illa, "una mayor información sobre los casos sospechosos y las PCR que se tienen que hacer a quienes presenten síntomas en las primeras 24 horas". "No es descartable una segunda oleada, pero la mejor forma de prevenirlo es hacer las cosas como las estamos haciendo", aseveró.

Respecto a las prórrogas del estado de alarma que el Gobierno pretende seguir solicitando con la intención de mantener el orden en la desescalada, Montero deslizó que el presidente, Pedro Sánchez, hablará esta semana con Inés Arrimadas, líder de un Ciudadanos cuyo apoyo fue esencial en la última votación en el Congreso. La portavoz cree que no se entiende la renuncia del PP a apoyar "el elemento más garantista" que dispone la Constitución en ese sentido y apostilló que su utlización es un "consenso internacional".

"Hay muchos nombres de expertos que han colaborado, y que han accedido incluso a hacer entrevistas. Tampoco participan en las decisiones técnicas", apuntó Illa acerca de por qué el ejecutivo no desvela la identidad de los expertos que forman parte del comité dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera. "Hemos pedido la información y, cuando la tengamos, la daremos", afirmó respecto a la ausencia de datos oficiales de la incidencia de la epidemia en las residencias de ancianos.