A partir de este martes las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas podrán controlar la actividad de los laboratorios privados. Es el resultado de una nueva orden ministerial lanzada por el Gobierno con el objetivo de supervisar la velocidad a la que  se realizan las pruebas de coronavirus y el precio de las mismas en los centros hospitalarios que no son de titularidad pública. 

Los responsables sanitarios de las regiones, según reza el texto, "tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal". Y podrán fijar los precios a fin de evitar "situaciones abusivas" en una fase de la epidemia en la que el objetivo es diagnosticar el mayor número de casos posible. 

Por otro lado, estos centros estarán obligados a informar a la sanidad pública de los casos que detecten y se evita la posibilidad de que quien pueda pagarlo se haga las pruebas sin que medie la decisión de un profesional. 

Posibles sanciones

También se obliga por medio de la orden a todos los centros hospitalarios a notificar la disponibilidad que tengan de material para la realización de los test, incluyendo "hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos". La información comunicada deberá incluir datos como número de unidades o destino. Todo esto se deberá hacer lo antes posible, so pena de recibir sanciones si no se cumplen todos los requisitos mencionados. El fin del estado de alarma supondrá también la extinción de esta medida extraordinaria. 

"No podemos permitir que en un periodo de escasez (las PCR) se usen en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes. Tampoco que los diagnósticos que se hagan no queden bajo el conocimiento los servicios sanitarios de las comunidades. Primero, garantizar que los resultados se conocen, que no hay abusos por parte de ninguna entidad. Se busca controlar el uso de las PCR al servicio de la ciudadanía", explicó al respecto Fernandon Simón en su primera comparecencia al frente del comité técnico tras superar el contagio anunciado el pasado 30 de marzo.