El Gobierno prepara una prestación de desempleo extraordinario para las empleadas del hogar que han perdido su empleo por la crisis del coronavirus. La medida será aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes o a lo sumo en el ordinario del próximo martes.

Este colectivo es el eslabón más débil del mercado laboral, pues se trata del único cotizante a la Seguridad Social que no tiene derecho a paro. Las empleadas del hogar (el 96% son mujeres, más de 400.000 cotizan a la Seguridad Social, según cifras de los sindicatos) llevaban varios días reclamando este subsidio al Gobierno, que finalmente ha accedido a la petición.

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoció este martes que ya estaba estudiando la manera de dar acceso a las prestaciones por desempleo a los colectivos “más vulnerables”, refiriéndose a las empleadas del hogar.

Ahora, el Gobierno dará cobertura a las empleadas del hogar que hayan dejado de prestar servicios total o parcialmente por la pandemia del coronavirus que ha ocasionado infinidad de despidos temporales.

Prestación con carácter retroactivo

La prestación, apunta el Gobierno, se prevé que sea prorrogable mientras dure esta situación, es decir, hasta que se restablezca la relación laboral. Además, aunque la medida vaya a ser aprobada este viernes o el próximo martes, tendrá carácter retroactivo, por lo que la prestación será desde el día en el que la empleada viera finalizado su contrato, siempre y cuando éste se haya producido durante el estado de alarma.

La cantidad a percibir por las empleadas del hogar será del 70% de la base reguladora, como todos los trabajadores afectados por un ERTE que van a cobrar la prestación por desempleo. El único requisito a cumplir es que se debe acreditar que la relación laboral se ha extinguido de forma total o parcial. La medida contempla la finalización total o parcial del trabajo, porque el Gobierno es consciente de que las empleadas del hogar pueden realizar varios trabajos y no todos ellos han podido verse extinguidos.

Con esta decisión, el Gobierno de coalición integrado por PSOE y Podemos mantiene su política de no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del coronavirus, que ya ha provocado más muertes en España que en China.