La ACP se siente "traicionada" por los grupos políticos en su petición Por Una Ley Justa

La Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) se ha declarado "traicionada" por los grupos políticos y pide que se atiendan las demandas impulsadas por la iniciativa #porunaleyjusta, que encabeza Anna González para una reforma del Código Penal que endurezca las penas por los atropellos a los ciclistas.

En un comunicado remitido a Europa Press, la ACP denunció que las informaciones que dan por hecho un acuerdo de los grupos parlamentarios para reformar el Código Penal "desgraciadamente no se ajustan a la realidad de la situación".

La ACP explicó que ha tenido acceso al texto de la ponencia manejado en la última reunión de la Comisión de Justicia para la reforma del Código Penal. Y que el fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, elaboró un informe en el que proponía unas correcciones, entre ellas que si alguien comete una infracción de tráfico y provoca lesionados que necesitan asistencia médica y tratamiento, pero no acaban en silla de ruedas, se califique como un "delito leve" si no ha conducido bebido o bajo la influencia de drogas.

"Con esta medida se conseguiría la protección de las víctimas por un proceso penal y la revisión de las lesiones por parte del forense judicial y el apoyo de Fiscalía a las víctimas", apuntó el sindicato de ciclistas profesionales.

Para la ACP, esta tesis fue apoyada por el PP, pero cuando iba a ser votada el PSOE, encabezado por Pablo Bellido, "sorpresivamente" votó en contra de esta modificación. "Por ello, nos sentimos traicionados porque la ministra de Justicia en la reunión mantenida el 28 de agosto se comprometió a apoyar sin fisuras #porunaleyjusta y poner sus diputados en favor de esta causa, cosa que no ha ocurrido", lamentó.

En este sentido, el sindicato de ciclistas asegura que el Ministerio de Justicia ha dado indicaciones a los diputados socialistas de que no apoyen esta medida de incluir las lesiones más comunes en la protección del Código Penal.

Por otro lado, aclaró que "no es cierto" que se vayan a elevar hasta los 9 años las penas a los que provocan víctimas bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Lo que pide nuestra plataforma, y con el apoyo de las asociaciones de víctimas, es que cuando un conductor, por alcohol, drogas o exceso de velocidad, provoca un fallecido automáticamente se eleven las penas mínimo en un grado, de cuatro a 6 años de prisión", subrayó.

Sin embargo, destaca que el texto de la ponencia prevé que solo se eleve en un grado si hay "notoria gravedad", un concepto jurídico indeterminado que no es de aplicación automática sino que faculta a los jueces a valorarlo, "y que sólo si hay un muy elevado número de fallecidos que se eleve hasta los nueve años, lo cual no satisface a las víctimas".

Por último, para la ACP la fuga como delito autónomo está "muy mal enfocada" porque la vincula a la causa del accidente. "Si un conductor mata a alguien por culpa exclusiva de la víctima, y se da a la fuga, como mucho tendrá una pena de 6 meses de prisión, y si existe imprudencia del conductor la pena sería de 6 meses a 4 años, lo cual significa que en solo en excepcionalísimos casos se aplicaría penas de entrada en prisión", lamentó.

"Entendemos que la fuga es independiente de la causa del accidente y lo que proponemos es que si alguien lesiona a una persona y se fuga, que suponga hasta 2 años de prisión, y si provoca la muerte, que tenga una pena de 2 años y un día a 4 años de prisión porque entonces independientemente de la causa del accidente, esa persona irá a la cárcel por la maldad intrínseca que supone fugarte después de causar un accidente independientemente de quien tenga la culpa", explican.

Por todo ello, ante la ponencia final, que se celebra este martes, la ACP ha pedido a todos los grupos parlamentarios que sean "flexibles" y "sensibles" ante este "clamor social" que les pide que se defiendan los derechos de las víctimas.

"Que no que se pongan de lado del jueces que no quieren trabajar, de políticos que no quieren dotar presupuestariamente a la administración de justicia para que se defienda los ciudadanos, y sometidos a los 'lobbys' de las aseguradoras que tienen intereses crematísticos en que la situación se quede como está", sentenció.